La Justicia ordenó a PAMI regularizar los pagos a personas con discapacidad

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba resolvió hacer lugar de manera total a una acción de amparo colectiva y ordenó a PAMI y al programa Incluir Salud regularizar los pagos de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La medida busca garantizar la continuidad de los servicios y evitar nuevas interrupciones en la atención de miles de beneficiarios.

La decisión fue adoptada por el juez Miguel Vaca Narvaja, quien cuestionó duramente las demoras registradas en la cadena de pagos y advirtió que el Estado no puede justificar el incumplimiento de obligaciones esenciales mediante argumentos vinculados al control presupuestario o administrativo.

Un fallo con alcance para miles de beneficiarios

La acción judicial fue impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas vinculados a discapacidad. El amparo tuvo carácter colectivo, por lo que la resolución beneficia a miles de personas que atraviesan situaciones similares.

La sentencia establece que tanto PAMI como Incluir Salud deberán normalizar y mantener al día los pagos correspondientes a prestaciones básicas de salud para titulares de pensiones no contributivas con discapacidad.

Demoras de hasta cinco meses

Durante el proceso judicial se verificaron retrasos de hasta cinco meses en la cancelación de prestaciones ya realizadas por instituciones, hogares, centros de día y profesionales especializados. La situación generó reclamos de prestadores y familiares que denunciaron dificultades para sostener los servicios.

El fallo también hace referencia a las consecuencias derivadas del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una situación que agravó la crisis financiera de numerosas instituciones que dependen de esos recursos para continuar funcionando.

Para el magistrado, el acceso a las prestaciones de salud vinculadas a la discapacidad forma parte de los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar. Por eso consideró que la demora injustificada en los pagos constituye un acto arbitrario e ilegal que habilita la intervención judicial.