Corte Penal Internacional: el escándalo de Karim Khan golpea la causa Venezuela

La crisis que rodea a Karim Khan golpea a la Corte Penal Internacional en su punto más sensible: la autoridad moral. El fiscal jefe del tribunal, llamado a investigar algunos de los crímenes más graves del mundo, enfrenta ahora una recomendación de destitución por una relación sexual inapropiada con una subordinada, en un expediente que incluye acusaciones de abuso de poder y conducta no consentida. Khan niega las acusaciones, pero el daño institucional ya está instalado. La CPI, que exige rendición de cuentas a gobiernos, militares y dictadores, aparece atrapada en una crisis interna que deteriora su credibilidad pública.

El problema es todavía más grave porque la figura de Khan ya estaba asociada a una percepción de selectividad, lentitud y cálculo político. En el caso de Venezuela, su gestión quedó marcada por una combinación de gestos diplomáticos, visitas oficiales, acuerdos administrativos y avances judiciales insuficientes frente a la magnitud de las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro. Para las víctimas venezolanas, el tiempo no es un detalle procesal: cada año de demora consolida la impunidad, debilita la prueba, protege a los responsables y envía al poder autoritario el mensaje de que la justicia internacional puede ser administrada sin urgencia.

Khan cae bajo sospecha y la CPI vuelve a fallarle a las víctimas venezolanas.

Venezuela, la deuda pendiente

La investigación sobre Venezuela no nació ayer. Desde hace años existen denuncias sobre persecución política, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y represión sistemática contra opositores, manifestantes, dirigentes sociales, periodistas y ciudadanos críticos. La CPI tiene ante sí uno de los expedientes más claros de deterioro institucional en América Latina: un Estado capturado por el poder político, un sistema judicial sin independencia real y una maquinaria represiva que opera contra la disidencia. Sin embargo, la respuesta internacional ha avanzado a una velocidad que contrasta brutalmente con la urgencia de las víctimas.

Ahí aparece la crítica más dura contra Khan: su incapacidad para transformar la investigación en una presión efectiva contra la cúpula del chavismo. La CPI permitió que Maduro ganara tiempo, mientras el régimen usaba cada gesto de diálogo como prueba de normalidad institucional. La instalación de oficinas, los memorandos de entendimiento y las visitas protocolares pudieron presentarse como avances técnicos, pero también funcionaron como oxígeno político para Caracas. En ese sentido, hablar de complicidad no implica afirmar una alianza formal con Maduro, sino señalar una complicidad por omisión: cuando una justicia lenta convive demasiado tiempo con el victimario, termina favoreciendo al poder que debía investigar.

La lentitud ante Maduro expone una justicia internacional sin dientes reales.

Una Corte sin dientes

La crisis personal de Khan refuerza una pregunta incómoda: ¿puede una institución debilitada internamente exigir responsabilidad a una dictadura consolidada? La CPI fue creada para actuar cuando los Estados no quieren o no pueden juzgar los crímenes más graves. Venezuela es precisamente ese caso. Pero si el fiscal jefe termina absorbido por acusaciones de abuso de poder, disputas disciplinarias y sospechas de conducta impropia, el tribunal pierde fuerza frente a los regímenes que ya lo acusan de parcialidad, burocracia o irrelevancia. Maduro no necesita derrotar jurídicamente a la CPI; le alcanza con que la Corte demore, dude y se desgaste.

El caso Khan deja una conclusión severa: la justicia internacional no fracasa solo cuando absuelve culpables, también fracasa cuando llega tarde. Venezuela lleva años esperando señales concretas de que los responsables de la represión pagarán un costo real. Mientras tanto, el régimen acumuló tiempo, control y narrativa. Si la CPI quiere recuperar credibilidad, no basta con resolver el futuro disciplinario de su fiscal jefe. Debe demostrar que la causa venezolana no será otro expediente eterno, administrado entre comunicados, visitas y promesas. Para las víctimas de Maduro, la justicia que no avanza se parece demasiado a la impunidad.