La muerte de Thiago Altamirano, un niño de apenas 2 años, abrió una investigación judicial de máxima gravedad en la provincia de Salta y reavivó denuncias familiares que, según sus abuelos paternos, llevaban más de un año sin respuestas efectivas.
El menor fue trasladado por su madre al hospital Papa Francisco, en la zona sudeste de la capital salteña. Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron una derivación urgente al hospital Materno Infantil, pero el niño llegó sin signos vitales.
Ese cuadro encendió de inmediato las alarmas judiciales. El fiscal penal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas para reconstruir qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.

Mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, la investigación ya dio un giro decisivo: el fiscal solicitó la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja, medida que fue requerida ante el juez de Garantías de turno.
Tras conocerse la muerte del niño, la Fiscalía dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar peritajes en la vivienda donde residía Thiago.
También se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense, donde la necropsia deberá establecer la causa exacta de muerte y determinar si existieron lesiones compatibles con una agresión.
Las tareas de campo quedaron a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, que trabaja en la recolección de pruebas, testimonios y antecedentes del entorno familiar.
En paralelo, los familiares directos del niño recibieron asistencia y contención por parte del equipo interdisciplinario de la unidad fiscal.
El caso tomó una dimensión aún más delicada tras las declaraciones de los abuelos paternos, quienes aseguraron que venían alertando desde 2025 sobre presuntos episodios de violencia y maltrato.

“Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”, denunció Marta, abuela del niño, en diálogo con medios locales.
La mujer y su esposo apuntaron además contra la actuación judicial y cuestionaron la falta de respuestas pese a sus reiteradas denuncias.
“Prácticamente nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica”, afirmó.
Los abuelos también señalaron que no solo acompañaban la crianza de Thiago, sino también la de su hermano menor, un bebé de 10 meses.
Ahora, con la autopsia como prueba central, la investigación buscará determinar si la muerte de Thiago fue consecuencia de una enfermedad, un accidente o, como sospechan sus familiares, de un hecho de violencia intrafamiliar.