Axel Kicillof decidió volver a apostar por una de las iniciativas de su agenda sanitaria. El gobernador envió nuevamente a la Legislatura bonaerense un proyecto para crear una empresa farmacéutica con participación mayoritaria del Estado provincial, una propuesta que ya había impulsado años atrás pero que nunca logró convertirse en ley y terminó perdiendo estado parlamentario.
La iniciativa reaparece ahora en un contexto atravesado por las discusiones sobre el financiamiento de la salud pública, el acceso a medicamentos y el rol del Estado en sectores estratégicos. Con ese telón de fondo, el mandatario busca darle una segunda oportunidad a una idea que considera central para fortalecer la autonomía sanitaria de la provincia.
El proyecto, propone la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, una empresa que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial y tendría amplias facultades para producir, investigar, desarrollar y comercializar medicamentos, vacunas e insumos sanitarios.

La propuesta no es nueva dentro del universo político bonaerense. Durante años, la administración de Kicillof impulsó distintas iniciativas vinculadas a la producción pública de medicamentos y a la ampliación de las capacidades estatales en materia sanitaria.
Sin embargo, el proyecto original no logró reunir los consensos necesarios para avanzar en la Legislatura y terminó perdiendo estado parlamentario. Ahora, el Ejecutivo provincial vuelve a presentarlo con la expectativa de que el escenario político permita reabrir el debate.
En los fundamentos del proyecto, el gobernador sostiene que el acceso a medicamentos constituye un componente esencial del derecho a la salud y argumenta que el Estado debe contar con herramientas propias para garantizar tratamientos, reducir desigualdades y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Uno de los conceptos que atraviesa todo el proyecto es el de "soberanía sanitaria", una idea que el Gobierno bonaerense viene impulsando desde la pandemia y que vuelve a aparecer como uno de los argumentos centrales de la iniciativa.
Según el texto enviado al Senado provincial, la producción pública de medicamentos permitiría disminuir la dependencia de proveedores privados, reducir la vulnerabilidad frente a crisis sanitarias y asegurar el abastecimiento de insumos considerados estratégicos para hospitales y centros de salud.
El proyecto también plantea que la intervención estatal puede contribuir a moderar costos en un mercado caracterizado por altos niveles de concentración y por una fuerte incidencia del gasto farmacéutico en los presupuestos sanitarios.
"La producción pública de medicamentos se convierte en una herramienta efectiva para garantizar el derecho a la salud", sostiene el mensaje firmado por Kicillof.
La futura sociedad tendría un alcance mucho más amplio que la simple fabricación de medicamentos. Entre sus funciones figuran la investigación, el desarrollo, la producción, el fraccionamiento, la transformación, la comercialización, la importación y la exportación de medicamentos, vacunas, productos médicos e ingredientes farmacéuticos activos. También podría realizar controles de calidad, análisis ambientales y estudios fisicoquímicos y microbiológicos vinculados al área sanitaria.
Además, la empresa estaría habilitada para celebrar acuerdos con organismos públicos y privados, explotar patentes, administrar licencias y desarrollar tecnología propia relacionada con la industria farmacéutica.
La producción tendría como destino prioritario el abastecimiento de hospitales provinciales y municipales, aunque el esquema también contempla la posibilidad de comercializar productos y prestar servicios a terceros.
Más allá de sus objetivos sanitarios, la iniciativa promete abrir una discusión política de fondo sobre el rol del Estado en la economía y en la producción de bienes estratégicos.
Mientras el gobierno bonaerense sostiene que la creación de una empresa farmacéutica estatal permitiría fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, generar empleo calificado e impulsar el desarrollo científico y tecnológico, sus detractores suelen advertir sobre los costos fiscales y los riesgos de ampliar la participación estatal en actividades productivas.
Con el nuevo envío a la Legislatura, Kicillof apuesta a reactivar un debate que ya tuvo un intento fallido y que ahora vuelve a escena como una de las principales apuestas sanitarias de su gestión. La incógnita es si esta vez la iniciativa logrará superar el recorrido parlamentario que en el pasado le cerró las puertas.