El Gobierno de la Ciudad estableció formalmente los niveles mínimos de funcionamiento que deberán garantizarse durante medidas de fuerza en servicios considerados esenciales o de importancia trascendental.
La decisión fue adoptada por decreto. La norma toma como base las modificaciones introducidas por la Ley Nacional 27.802 -conocida como Reforma Laboral- al régimen de conflictos colectivos de trabajo y las incorpora al ámbito de competencias de la Ciudad.
Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios.
— Jorge Macri (@jorgemacri) June 23, 2026
Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la… pic.twitter.com/VpOBPpbzbL
En los hechos, la medida busca evitar la paralización total de actividades sensibles para la vida cotidiana de millones de porteños, especialmente en áreas como el transporte, la salud, la educación y la gestión de residuos urbanos.
La norma establece que, aun cuando existan conflictos gremiales o medidas de fuerza, determinados servicios deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento.
En el caso de los servicios considerados esenciales, la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual.
Dentro de esta categoría se encuentran:
• Los servicios sanitarios y hospitalarios.
• La recolección de residuos.
• Actividades vinculadas al cuidado de menores.
• Servicios educativos.
Para las actividades calificadas como de importancia trascendental, el piso mínimo de funcionamiento será del 50%.
Entre ellas figura el transporte terrestre y subterráneo de pasajeros, uno de los sectores con mayor capacidad de impacto sobre la vida económica y social de la Ciudad.
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que se produce pocos meses después de que la Ciudad asumiera nuevas facultades sobre las líneas de colectivos de jurisdicción exclusivamente porteña. El texto recuerda expresamente el acuerdo firmado entre el Estado nacional y la Ciudad que transfirió competencias de regulación, control y fiscalización sobre esas líneas, una decisión que amplió el margen de acción del Gobierno porteño sobre el sistema de transporte urbano.
En términos políticos, la medida fortalece las herramientas de la administración de Jorge Macri frente a eventuales conflictos sindicales que puedan afectar la prestación del servicio. La incorporación del transporte dentro de las actividades que deberán garantizar al menos el 50% de funcionamiento durante una huelga apunta precisamente a reducir el impacto de los paros sobre los usuarios.
La regulación de los servicios mínimos anticipa uno de los puntos más sensibles de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El macrismo saldrá en defensa de la medida, alegando que busca evitar la interrupción de prestaciones esenciales. Del otro lado, el sindicalismo sostendrá que este tipo de medidas limita en los hechos el derecho a huelga.
La discusión volvió a cobrar fuerza tras la modificación del artículo 24 de la Ley 25.877, que redefinió el alcance de los servicios esenciales y fijó porcentajes mínimos obligatorios de funcionamiento. Ahora, la Ciudad decidió trasladar ese esquema a las áreas bajo su órbita administrativa y de control.
Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno porteño sostiene que determinadas actividades resultan indispensables para garantizar condiciones básicas de vida, salubridad y movilidad urbana.
En esa línea, remarca la necesidad de asegurar la continuidad de prestaciones vinculadas a la atención sanitaria, la educación, la gestión integral de residuos y el transporte de pasajeros, en contextos de conflicto gremial.
La administración porteña considera que se trata de servicios cuya interrupción total puede generar consecuencias directas sobre la salud pública, la circulación de personas y el funcionamiento general de la Ciudad.
La decisión coloca a la gestión de Jorge Macri en consonancia con la orientación que impulsa el Gobierno nacional, al menos en materia laboral, e instala un debate: ¿El derecho a huelga tiene más o menos jerarquía que la prestación de un servicio esencial?