El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso formal hacia la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública. A través de una resolución de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, aprobó los "Lineamientos Operativos para la Gobernanza y Uso Responsable de Sistemas y Agentes de Inteligencia Artificial" y estableció un marco común para todos los organismos del Poder Ejecutivo porteño.
La iniciativa busca ordenar y expandir la utilización de herramientas de IA dentro de la administración pública, en un contexto en el que estas tecnologías comienzan a ganar espacio en áreas tan diversas como la atención ciudadana, la gestión documental, el análisis de datos y los procesos administrativos.
Sin embargo, la norma incorpora un límite: la inteligencia artificial no podrá reemplazar la responsabilidad de los funcionarios públicos ni tomar decisiones definitivas sobre los ciudadanos.
Uno de los puntos más relevantes del anexo aprobado por la Ciudad establece que los sistemas de inteligencia artificial constituyen únicamente herramientas de apoyo para la gestión administrativa. La normativa aclara expresamente que la utilización de IA no podrá interpretarse como una sustitución de la competencia, el criterio o la responsabilidad del órgano o funcionario público competente.
Además, dispone que en aquellos casos que involucren derechos, acceso a servicios esenciales o decisiones que requieran juicio administrativo, la resolución final deberá recaer necesariamente en una autoridad humana. En otras palabras, un algoritmo podrá asistir, recomendar, procesar información o colaborar en tareas de análisis, pero no podrá decidir por sí solo sobre situaciones que afecten a los ciudadanos.
La resolución también crea un Inventario Interno de Iniciativas de Inteligencia Artificial dentro del Poder Ejecutivo porteño. El objetivo es relevar, coordinar y monitorear todos los proyectos vinculados con esta tecnología que desarrollen ministerios, secretarías y organismos descentralizados.
Según la normativa, el registro permitirá generar trazabilidad institucional, centralizar información y construir conocimiento sobre la utilización de inteligencia artificial dentro del Estado. La medida apunta a evitar que distintas dependencias avancen de manera aislada con proyectos tecnológicos sin una visión integral de la Administración Pública.
Los lineamientos aprobados tienen un alcance amplio. Se aplicarán a proyectos que involucren el desarrollo, adquisición, contratación, configuración, integración, pruebas piloto, implementación, utilización o escalamiento de sistemas de inteligencia artificial. Esto incluye tanto herramientas desarrolladas por el propio Estado como soluciones contratadas a proveedores externos.
La amplitud del texto refleja una decisión política: la Ciudad no pretende limitar el uso de la inteligencia artificial sino fomentar su incorporación bajo reglas comunes y criterios de supervisión. De hecho, el artículo primero del anexo establece como objetivo "impulsar y potenciar la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial" como herramienta estratégica para mejorar la gestión pública y la calidad de los servicios prestados a los vecinos.