Mientras el Gobierno busca posicionar a la Argentina como un polo regional de inteligencia artificial y centros de datos, la Cámara de Diputados debate este miércoles el denominado "Súper RIGI", un régimen especial diseñado para atraer inversiones en sectores tecnológicos estratégicos mediante beneficios fiscales, cambiarios y laborales que incluso superan a los otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La iniciativa llega después de una serie de gestos del presidente Javier Milei hacia el sector tecnológico global, entre ellos reuniones con empresarios vinculados a la inteligencia artificial y gigantes tecnológicos.
El objetivo oficial es captar inversiones multimillonarias en infraestructura digital, data centers y proyectos vinculados al desarrollo de IA, una actividad que hoy prácticamente no existe a escala industrial en el país.

Según el dictamen de mayoría que se discute en el Congreso, los proyectos que ingresen al régimen accederán a ventajas tributarias superiores incluso a las contempladas para sectores como minería o hidrocarburos.
A esto se suma una reducción de las contribuciones patronales para nuevos empleos, que pasarán a tributar una tasa del 10%, frente a niveles cercanos al 24% del régimen general.

Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es el tratamiento cambiario.
El régimen prevé una liberación progresiva de las divisas generadas por exportaciones. Los inversores tendrán libre disponibilidad del 20% de las divisas el primer año, del 40% el segundo y del 100% a partir del tercero.
En la práctica, esto implica que buena parte de los dólares generados por los proyectos podría no ingresar al mercado cambiario local.
Los críticos de la iniciativa sostienen que el esquema podría derivar en inversiones con escaso impacto sobre las reservas internacionales, pese al importante costo fiscal asociado.
Otro de los puntos más controvertidos es la relación con la industria local.
La versión original del proyecto eliminaba cualquier exigencia vinculada al desarrollo de proveedores nacionales. Sin embargo, el dictamen de mayoría incorporó una modificación que obliga a presentar un plan de desarrollo de proveedores locales equivalente al 20% del monto total de inversión.
No obstante, la obligación queda condicionada a que exista oferta local disponible y competitiva en términos de precio y calidad.
Para los críticos del proyecto, el cambio resulta insuficiente. Argumentan que la redacción deja amplios márgenes para recurrir a importaciones y limita la posibilidad de generar encadenamientos productivos dentro del país.
No vamos a acompañar el Súper RIGI con nuestro voto ya que sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos:
— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 24, 2026
Las retenciones al campo terminarán subsidiando la baja de los impuestos a esas grandes…
El oficialismo también incorporó otros retoques antes del debate en el recinto.
Uno de ellos establece que las actividades alcanzadas deberán definirse mediante criterios objetivos y parámetros mensurables fijados por la reglamentación.
Además, se creó un Registro Público de Proyectos donde se publicarán las solicitudes de adhesión, los proyectos aprobados y eventuales sanciones o bajas.
Sin embargo, la iniciativa no contempla mecanismos de evaluación pública sobre el desempeño de los proyectos ni sobre el costo fiscal de los beneficios otorgados.
Las principales objeciones apuntan a que el régimen podría terminar generando inversiones con escaso derrame sobre la economía local.
Quienes cuestionan la iniciativa sostienen que, con impuestos reducidos, libre disponibilidad de divisas y menores exigencias para contratar proveedores nacionales, el resultado podría ser una estructura productiva con baja generación de recaudación, pocos encadenamientos locales y un impacto limitado sobre la disponibilidad de dólares en el mercado argentino.
El debate enfrenta así dos visiones contrapuestas: la del Gobierno, que considera indispensable ofrecer incentivos extraordinarios para atraer inversiones tecnológicas de escala global, y la de quienes advierten que el costo de esos beneficios podría superar los beneficios económicos efectivamente obtenidos.