Martín Llaryora presentó la Ley Antibúnker y cambia la estrategia contra el narco

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó el proyecto de Ley Antibúnker, una iniciativa que busca darle al Estado provincial nuevas herramientas para intervenir de manera rápida sobre espacios utilizados para la venta de drogas, aguantaderos de organizaciones criminales e inmuebles abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.

La propuesta establece un régimen especial para actuar sobre aquellos lugares que, según las investigaciones, sean utilizados como puntos de distribución de estupefacientes o funcionen como refugio para actividades ilegales.

El gobernador @MartinLlaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado provincial de una herramienta legal para actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad de… https://t.co/i0ZJv1GTqL

— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 24, 2026

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es recuperar espacios en los barrios y evitar que determinadas propiedades se conviertan en centros de operación para redes vinculadas al narcotráfico.

El proyecto llega tras el fuerte aumento del delito vinculado a drogas

La presentación de la iniciativa se da luego de la difusión del informe 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que ubicó a las infracciones relacionadas con la Ley de Estupefacientes como uno de los delitos con mayor crecimiento en Córdoba.

Según los datos difundidos, este tipo de hechos registró un incremento del 59,7% durante el último año en la provincia, una cifra que superó ampliamente el promedio nacional.

Ante ese escenario, el Gobierno cordobés busca reforzar las herramientas disponibles para combatir el narcomenudeo y avanzar sobre la infraestructura utilizada por las organizaciones delictivas.

Clausuras, bloqueos y demoliciones: qué contempla la Ley Antibúnker

Entre las medidas previstas por el proyecto aparecen la realización de actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundamentadas que permitan aplicar acciones preventivas sobre los inmuebles señalados.

Estas medidas incluyen el cerramiento de propiedades, el tapeado de accesos, clausuras provisorias, bloqueo de entradas, custodia policial y aseguramiento de los lugares intervenidos.

La iniciativa establece que todas estas acciones deberán respetar el debido proceso y las competencias de la Justicia, con el objetivo de garantizar el marco legal correspondiente.

En aquellos casos donde exista una mayor complejidad, especialmente cuando se trate de investigaciones vinculadas al narcotráfico, los jueces podrán ordenar medidas más profundas como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para vender drogas y restitución de los inmuebles a sus propietarios legítimos.

Los bienes decomisados al narcotráfico tendrán un destino específico

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un esquema para administrar los bienes decomisados en causas relacionadas con organizaciones narco criminales.

Según la propuesta presentada por Llaryora, el 60% de los recursos obtenidos será destinado a fortalecer la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), con inversiones en equipamiento, tecnología, logística y herramientas operativas.

El 40% restante será utilizado para financiar programas de prevención y abordaje de problemáticas vinculadas al consumo y la asistencia social, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Trabajo.

Nueva estructura para coordinar la lucha contra el narcotráfico

La Ley Antibúnker también contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos.

Estos organismos tendrán como objetivo coordinar el trabajo entre distintas áreas del Estado, incluyendo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo y los gobiernos municipales.

Además, el proyecto invita a municipios y comunas a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación para aplicar las medidas en sus territorios.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca consolidar una estrategia contra el narcomenudeo basada en intervenir los lugares donde opera el delito, recuperar espacios para los vecinos y reforzar la presencia estatal en los barrios más afectados por la problemática.

ND