El oscuro culto detrás del Templo Filadelfia: piden hasta 24 años de prisión por trata y servidumbre

Durante casi medio siglo, puertas adentro del Templo Filadelfia, se habría montado una estructura de control extremo sobre la vida de sus integrantes. Bajo la fachada de una congregación religiosa asentada en San Justo, la fiscalía sostiene que operó una organización criminal dedicada a someter personas a condiciones de servidumbre, explotación laboral y múltiples formas de violencia.

Ese fue el eje del alegato del fiscal Alberto Gentili, quien ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín solicitó penas de hasta 24 años de prisión para 27 acusados por delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la organización funcionó entre 1972 y fines de 2020, con sede central en La Matanza y ramificaciones en distintos puntos del país, además de Brasil y Paraguay.

“Control absoluto” sobre cuerpos y decisiones

Durante su exposición, Gentili describió un esquema de sometimiento prolongado que atravesó generaciones enteras. Según el fiscal, las víctimas sufrieron “un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas”.

Para la acusación, el grupo ejercía una dominación total sobre la vida cotidiana de sus miembros. “Hubo un control absoluto, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo el fiscal al describir el funcionamiento interno de la congregación.

El alegato detalló que los integrantes eran sometidos a tormentos, humillaciones y traslados compulsivos entre distintas sedes del culto. La fiscalía también remarcó que la organización intervenía incluso en la intimidad y la sexualidad de las víctimas.

“Las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y cuándo. Si se apartaban de tal orden, eran castigadas, humilladas y/o segregadas”, afirmó Gentili.

Además, la acusación señaló que muchos vivían en condiciones de hacinamiento extremo, con severas carencias alimentarias, escasa higiene y sin autonomía económica.

Las penas más altas y el decomiso de bienes

La pena más severa fue solicitada para Eva Petrona Pereyra, señalada como presunta líder de la estructura. El fiscal pidió 24 años de cárcel, al atribuirle no solo los delitos vinculados con trata y servidumbre, sino también abuso sexual contra cuatro víctimas, supresión de identidad, sustracción y retención de un menor, además de falsedad documental.

Para Rigoberto Ismael Bora Bogado, considerado otro de los principales referentes, Gentili solicitó 21 años de prisión.

También requirió 18 años para Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres.

Las restantes penas pedidas oscilan entre 3 años y 9 meses y 15 años de prisión, según el grado de participación atribuido a cada imputado.

Además de las condenas, el fiscal solicitó el decomiso de 16 vehículos y 48 inmuebles ubicados en Buenos Aires, Río Negro, Salta, Córdoba y Mendoza, junto con una reparación integral para cada una de las víctimas.

El juicio continúa ahora con las etapas finales del debate, en una causa que expone el presunto funcionamiento de una de las organizaciones sectarias más complejas investigadas por la Justicia federal argentina.