Congreso
25/06/2026 - Edición Nº1234
Política
Boletín Oficial
Milei va por una reforma clave de la Justicia: uno por uno, los objetivos
25/06/2026 | Busca modificar el Código Procesal Penal Federal en base a una serie de lineamientos. En 45 días debería presentarse el proyecto.
Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Detrás, Juan Bautista Mahiques.
El Ministerio de Justicia puso en marcha un nuevo proceso de reforma del Código Procesal Penal Federal con el objetivo de actualizar las reglas que rigen las investigaciones y los juicios penales en la Argentina. La medida fue formalizada mediante la Resolución 276/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La iniciativa crea la "Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Penal Federal", un organismo integrado por representantes de los principales actores del sistema judicial que tendrá la misión de elaborar un anteproyecto de ley para modificar la normativa vigente.
Según explicó la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques, la reforma busca adecuar el funcionamiento de la justicia federal a los desafíos actuales, especialmente frente al avance de fenómenos como la criminalidad organizada, los delitos económicos complejos, el ciberdelito, la cooperación internacional y el uso creciente de evidencia digital.
Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia
Qué es el Código Procesal Penal Federal y por qué quieren modificarlo
El Código Procesal Penal Federal no define cuáles son los delitos ni las penas correspondientes. Su función es establecer las reglas mediante las cuales se investigan los hechos, se desarrollan los procesos judiciales y se dictan las sentencias.
Desde hace algunos años, la Argentina avanza en la implementación progresiva del sistema acusatorio, un modelo que otorga a los fiscales un papel central en la investigación de los delitos, mientras los jueces asumen un rol de control y garantía de los derechos constitucionales de las partes.
El Gobierno sostiene que la experiencia acumulada durante la aplicación de este sistema en distintas jurisdicciones permitió detectar aspectos que pueden mejorarse para hacer más eficiente el funcionamiento de la justicia penal federal.
En ese contexto, la nueva comisión tendrá la tarea de analizar el desempeño del régimen vigente y proponer modificaciones que permitan modernizarlo.
Los objetivos de la reforma
La resolución establece una serie de lineamientos que deberán orientar el futuro anteproyecto.
Entre los principales objetivos aparecen la consolidación definitiva del sistema acusatorio, el fortalecimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, la protección de los derechos de víctimas e imputados y la agilización de los procedimientos judiciales.
También se plantea la necesidad de optimizar las herramientas para investigar delitos complejos, incorporar regulaciones vinculadas a nuevas tecnologías y evidencia digital, simplificar trámites y promover mecanismos de resolución temprana de conflictos penales.
Según el Ministerio de Justicia, se busca construir un sistema más rápido, moderno y adaptado a las nuevas formas de criminalidad que enfrentan los tribunales federales.
Delitos complejos y evidencia digital, entre las prioridades
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la actualización de las herramientas procesales para investigar delitos que han ganado relevancia en los últimos años.
Entre ellos aparecen las organizaciones criminales, el lavado de dinero, los delitos económicos sofisticados, las estafas digitales, el cibercrimen y los casos que requieren cooperación judicial internacional.
La resolución señala que la dinámica de los fenómenos criminales contemporáneos exige respuestas procesales adecuadas y mecanismos que permitan aprovechar de manera eficiente la evidencia obtenida a través de medios digitales y nuevas tecnologías.
La intención es que el futuro texto contemple situaciones que hoy tienen un desarrollo limitado o que requieren interpretaciones judiciales para su aplicación.
Quiénes integrarán la comisión
La nueva comisión estará presidida por el Ministerio de Justicia y contará con representantes de diversas instituciones vinculadas al funcionamiento de la justicia federal.
Participarán integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El objetivo oficial es reunir a jueces, fiscales, defensores y especialistas que trabajan diariamente con el Código Procesal Penal Federal para incorporar la experiencia práctica acumulada durante los últimos años.
Un plazo de apenas 45 días para presentar el anteproyecto
Uno de los aspectos más llamativos de la resolución es el plazo establecido para concluir los trabajos.
La reglamentación fija que la comisión deberá elaborar el anteproyecto de reforma dentro de un período máximo de 45 días corridos contados desde la realización de la primera reunión formal.
Durante ese lapso se realizarán encuentros temáticos para debatir los distintos aspectos del sistema procesal penal, analizar experiencias de implementación y recibir aportes de especialistas invitados.
Al finalizar el proceso, se elaborará un informe técnico y un texto definitivo que será elevado al Ministerio de Justicia para su eventual transformación en un proyecto de ley.
Participación de especialistas y organizaciones
La normativa también prevé la convocatoria de expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos públicos, universidades, colegios profesionales y organizaciones vinculadas al sistema judicial.
Estos participantes podrán realizar aportes técnicos y presentar propuestas por escrito, aunque no tendrán derecho a voto dentro de la comisión.
La intención es ampliar el debate y recoger experiencias que permitan mejorar la calidad técnica de la futura reforma.
Un nuevo esquema que reemplaza a la comisión creada en marzo
La resolución deja sin efecto una comisión anterior que había sido creada en marzo de este año mediante la Resolución 122/2026.
Según explicó el Ministerio de Justicia, la nueva estructura busca reflejar con mayor precisión los objetivos de modernización y actualización del Código Procesal Penal Federal, además de establecer una composición más amplia y un mecanismo de trabajo más detallado.
De esta manera, el Gobierno inicia formalmente un nuevo proceso de revisión de una de las herramientas centrales del sistema judicial argentino, con la expectativa de presentar en las próximas semanas una propuesta legislativa orientada a acelerar los procesos, fortalecer las garantías constitucionales y adaptar la justicia federal a los desafíos tecnológicos y criminales del siglo XXI.
