PERGAMINO
25/06/2026 - Edición Nº1234
Política
Contra el Gobierno
Financiamiento Universitario: qué cambia el fallo de la Corte para estudiantes y docentes
25/06/2026 | El máximo tribunal dejó firme una cautelar contra la gestión de Javier Milei: qué significa y qué pasa ahora.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso que había presentado el Gobierno de Javier Milei para frenar esa orden judicial.
La decisión no resuelve el conflicto de fondo —si el decreto con el que el Ejecutivo frenó la aplicación de la ley es constitucional o no— pero sí mantiene vigente, por ahora, la obligación de actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y de recomponer los programas para estudiantes.
El fallo llega después de meses de marchas, paros y de un acuerdo salarial que el propio Gobierno firmó con las universidades hace dos semanas. La pelea por el financiamiento universitario, que empezó en el Congreso en 2024, sigue judicializada y todavía no tiene un desenlace definitivo.
Qué cambia con el fallo para los sueldos universitarios
El fallo, en términos simples, deja en pie una orden judicial anterior. No es una sentencia nueva ni definitiva: la Corte rechazó el pedido del Gobierno porque, según explicó, no existe todavía una "sentencia definitiva" en la causa, requisito indispensable para que el máximo tribunal intervenga.
En la práctica, esto significa que el Estado debe aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, que ordenan:
- Actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 según la inflación acumulada, que fue del 312,1% entre esa fecha y mayo de 2026 según el INDEC.
- Recomponer todos los programas destinados a los estudiantes universitarios.
El propio ministro Lorenzetti lo aclaró en una entrevista días antes del fallo: "Lo que llegó a la Corte es una medida cautelar, no es la ley en sí".
Qué pasa ahora con el reclamo de las universidades
La cautelar sigue en pie mientras avanza, por otro expediente, el debate de fondo: si el Decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso definiera de dónde saldría el dinero, es constitucional o no.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya anunció que presentará un "pronto despacho" ante la Corte para que se acelere la resolución de ese expediente. Mientras tanto, sigue sin resolverse otra parte del reclamo: la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025, que no está cubierta por esta cautelar.
Los argumentos de cada lado
El Gobierno sostuvo siempre que la ley generaba un gasto público que "mina la estabilidad macroeconómica" y pone en riesgo el equilibrio fiscal. Por eso primero la vetó y después, cuando el Congreso insistió, dictó un decreto para no aplicarla hasta tener fuentes de financiamiento definidas.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en cambio, entendió que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades, y que el Ejecutivo no podía frenar una ley con una norma de jerarquía inferior. También consideró que el ahorro de no aplicarla era insignificante frente al presupuesto total del Estado.
El acuerdo de sueldos que el Gobierno ya había firmado
Un acuerdo que deja atrás el conflicto.
— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) June 10, 2026
El día de hoy firmamos el acta acuerdo con las Universidades Nacionales y los sindicatos docentes y nodocentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto.… pic.twitter.com/sDbQjUg56S
El 10 de junio, antes de este fallo, el Ministerio de Capital Humano firmó un acta con el CIN y los gremios docentes y no docentes. Acordaron:
- Un aumento salarial del 24,33%, en dos tramos: 21,3% en junio y 3% en octubre.
- Una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades desde junio.
- Un refuerzo de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
- Una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano, que pasaron de $81.685 a $122.527.
La marcha que mantuvo el reclamo en la calle
El 12 de mayo de 2026 se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria contra la gestión de Milei, con epicentro en Plaza de Mayo. La organizaron el CIN, la Federación Universitaria Argentina y gremios docentes y no docentes.
Ese mismo día, horas antes de la protesta, el Gobierno oficializó la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi $2,5 billones del Presupuesto 2026, con un capítulo específico para educación. Antes de esa marcha hubo otras movilizaciones similares desde 2024, además de paros docentes en marzo y abril de este año.
Cómo llegó el conflicto a la Corte Suprema
El recorrido judicial empezó en diciembre de 2025, cuando el CIN presentó un amparo colectivo contra el Decreto 759/2025. El juez federal Enrique Cormick dictó entonces una cautelar contra ese decreto, al considerar que existía "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
En febrero de 2026 el Gobierno apeló esa decisión. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar. El Ejecutivo recusó a los jueces y pidió que los integrantes de la Corte se excusaran por dar clases en universidades; ambos pedidos fueron rechazados. Finalmente, este jueves, la Corte cerró esa vía de apelación y dejó firme la cautelar.
Cómo fue la batalla en el Congreso
El Congreso trató tres veces el proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Milei. El primero, en 2024, fue aprobado y vetado, y el veto quedó firme. El segundo se sancionó en agosto de 2025 como Ley 27.795.
Milei la vetó el 4 de septiembre de 2025. Diputados rechazó ese veto el 17 de septiembre (174 votos a favor) y el Senado hizo lo mismo poco después, por lo que la ley quedó vigente. En diciembre de 2025, el Gobierno intentó derogarla dentro del Presupuesto 2026, pero Diputados rechazó ese capítulo por 123 votos en contra.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La norma ordena:
- Actualizar los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, con ajustes mensuales después.
- Recomponer las partidas para el funcionamiento universitario, los hospitales universitarios, ciencia y técnica, y extensión universitaria.
- Convocar paritarias cada tres meses como máximo, con actualizaciones no inferiores a la inflación del INDEC.
Cuánto recortó el Gobierno a las universidades en 2026
El Presupuesto 2026, sancionado en diciembre pasado, asignó $4.872.017 millones para las universidades nacionales, una caída del 7,2% real frente a 2025 y del 34,3% frente a 2023.
A eso se sumó, el 11 de mayo, un recorte de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, que incluyó la suspensión de transferencias para obras en universidades. Ese ajuste a las universidades fue de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura, que afectó obras en trece casas de estudio. Entre las más golpeadas figuraron la Universidad Nacional de La Plata, con una baja de $1.043.000.000, y las de General San Martín y Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una.
Cómo está hoy el sistema universitario
Según datos oficiales analizados por organizaciones del sector, los salarios docentes acumulan una caída real de más del 30% desde noviembre de 2023. Un ayudante de primera con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobra hoy unos $408.967, todavía 22,5% por debajo, en términos reales, del valor de noviembre de 2023.
📊 Compartimos algunos datos para entender cuál es el reclamo y los motivos de la preocupación por la situación que atraviesa el sistema universitario público argentino. pic.twitter.com/UuSgt3VYAp
— CIN (@CINoficial) March 30, 2026
En los primeros cuatro meses de 2026 el Gobierno solo ejecutó el 9,3% del presupuesto previsto para los hospitales universitarios, que atienden a más de 700.000 pacientes por año. Mientras el reclamo judicial sigue abierto, la inversión por estudiante se ubica en el nivel más bajo desde 2004.
TM
