Ocupar un lugar reservado con un cartel falso ya no será una simple infracción administrativa en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño anunció un fuerte endurecimiento de sanciones contra quienes adulteren, falsifiquen o utilicen de manera irregular permisos de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, en una ofensiva que apunta a terminar con una práctica cada vez más extendida en la vía pública.
La medida se enmarca en el plan de ordenamiento del espacio público impulsado por la gestión de Jorge Macri. En lo que va del año, la Ciudad ya removió más de 400 carteles vinculados a reservas de estacionamiento irregulares. Durante los controles se detectaron permisos falsificados, credenciales vencidas, documentación adulterada e incluso carteles cuyos titulares ya habían fallecido.
“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos”, advirtió el jefe de Gobierno. Y fue más allá: “Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal”.
Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos.
— Jorge Macri (@jorgemacri) June 25, 2026
Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo.
Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia… pic.twitter.com/kRSUSgFDND
A partir del nuevo protocolo, la Secretaría de Tránsito intensificará las inspecciones sobre la cartelería instalada en la vía pública. Cuando se detecten irregularidades, el cartel será retirado de inmediato y se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente.
Además, en casos de presunta falsificación o adulteración documental, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal para evaluar responsabilidades penales. Antes de la apertura formal de una causa, los presuntos infractores podrán presentar un descargo.
Una de las sanciones más severas será la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.
El esquema también incorpora responsabilidad económica directa: quienes generen deliberadamente la irregularidad deberán pagar no solo la multa, sino también los costos del operativo, incluyendo el retiro del cartel y la restauración de la señalización vial.
Las multas previstas alcanzan hasta 200 mil pesos por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o irregulares, y hasta 100 mil pesos por instalar o modificar señales de tránsito sin autorización.
El Gobierno porteño otorgó un plazo de 20 días corridos para que quienes utilicen espacios con permisos vencidos, datos desactualizados o situaciones irregulares regularicen voluntariamente su situación.
Ese trámite podrá realizarse a través del sistema Trámites a Distancia (TAD) o mediante el correo oficial habilitado por la Ciudad.
En paralelo, el Ejecutivo enviará a la Legislatura porteña un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar específicamente como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento reservados para personas con discapacidad.
Con este endurecimiento, la Ciudad busca cerrar una maniobra que, además de implicar una apropiación ilegal del espacio público, impacta directamente sobre quienes realmente necesitan esos lugares para garantizar su accesibilidad y movilidad cotidiana.