Milei habilita el avance del traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad

El Gobierno nacional publicó este jueves el Decreto 547/2026, mediante el cual delegó en el Ministerio de Justicia la facultad de negociar y suscribir acuerdos para transferir competencias penales desde la Justicia Nacional hacia el Poder Judicial porteño.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, apunta a profundizar un proceso institucional iniciado hace más de tres décadas y que, pese a sucesivos avances parciales, continúa inconcluso.

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— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) June 25, 2026

Una deuda abierta desde la reforma de 1994

El trasfondo de la decisión se encuentra en la reforma constitucional de 1994. Hasta entonces, Buenos Aires era una municipalidad federal dependiente del Gobierno nacional.

Con la incorporación del artículo 129 a la Constitución Nacional, la ciudad adquirió un régimen de autonomía política, administrativa y jurisdiccional, con facultades propias de gobierno y justicia.

En 1996 la Ciudad eligió por primera vez por el voto directo de sus ciudadanos al jefe de gobierno y dictó su propia Constitución. Con los años, se avanzó en la transferencia de las competencias judiciales pero nunca terminó de concretarse plenamente.

La Ciudad obtuvo gradualmente el control de áreas como la policía local, parte de la justicia contravencional y diversas competencias penales menores. No obstante, buena parte de la Justicia ordinaria sigue funcionando bajo estructuras nacionales como en la etapa previa a la autonomía. Esa situación ha sido objeto de reiterados cuestionamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presión constante de la Corte Suprema

El decreto cita una serie de fallos que marcaron la evolución del debate. En "Corrales" (2015), la Corte sostuvo que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal debía considerarse transitorio y exhortó a los poderes políticos a completar las transferencias pendientes.

Cuatro años después, en "Bazán" (2019), el máximo tribunal fue más allá y calificó la demora como un "desajuste institucional grave" dentro del sistema federal argentino.  Finalmente, en el caso "Levinas" (2024), la Corte consolidó la equiparación institucional de la Ciudad con las provincias al reconocer al Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia superior para determinados recursos provenientes de la justicia nacional ordinaria.

La acumulación de estos precedentes judiciales terminó generando una presión creciente sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso para avanzar en la adecuación institucional prevista por la Constitución.

El antecedente laboral y el nuevo paso penal

En febrero de este año, el Estado nacional y la Ciudad firmaron un acuerdo para transferir la función judicial laboral desde el ámbito nacional hacia la justicia porteña. Ese convenio fue posteriormente ratificado por el Congreso mediante la Ley 27.802.

Ahora el Gobierno busca abrir una nueva etapa centrada en las competencias penales. Entre los aspectos mencionados por el decreto aparece especialmente la materia penal juvenil, un área en la que la Ciudad ya cuenta con estructuras judiciales específicas y con un régimen procesal propio adaptado al nuevo sistema penal juvenil aprobado por el Congreso.

Un largo camino

La cuestión excede ampliamente a la actual administración. Desde la sanción de la Constitución reformada en 1994, gobiernos de distintos signos políticos impulsaron avances parciales en la autonomía porteña sin lograr completar el esquema previsto por el constituyente.

Carlos Menem promovió la primera institucionalización de la autonomía mediante la denominada "Ley Cafiero"; Néstor Kirchner y Cristina Fernández avalaron transferencias parciales en materia penal; Mauricio Macri impulsó nuevos acuerdos cuando gobernaba la Ciudad; Alberto Fernández mantuvo abierto el debate en medio de conflictos por recursos federales; y ahora Javier Milei retoma el proceso con el objetivo de profundizar la transferencia de competencias judiciales.

Treinta y dos años después de la reforma constitucional, la pregunta sigue siendo la misma: cuándo dejará de existir la Justicia Nacional ordinaria en Buenos Aires para dar paso a un sistema plenamente alineado con la autonomía que la Constitución reconoció en 1994. El decreto publicado este jueves no responde definitivamente ese interrogante, pero vuelve a colocarlo en el centro de la agenda institucional argentina.