La CGT prepara una nueva etapa de resistencia frente al Gobierno

Hace tres semanas el Gobierno reglamentó la reforma laboral aprobada por el Congreso mediante una serie de decretos que pusieron en marcha buena parte de los cambios previstos en la ley. Entre ellos aparecen modificaciones sobre convenios colectivos, representación sindical, modalidades de contratación y distintos aspectos vinculados con la organización del trabajo.

La decisión fue interpretada por la CGT como el comienzo de una nueva etapa del conflicto con la Casa Rosada. Por ese motivo, el Consejo Directivo de la central obrera se reunió esta semana en la sede de Azopardo para definir cómo responder durante el segundo semestre. El encuentro dejó una conclusión compartida: la estrategia sindical combinará movilización, acciones judiciales y negociación política.

La discusión sobre un nuevo paro

Uno de los principales temas analizados por la conducción cegetista fue la posibilidad de convocar a un nuevo paro general. La CGT ya realizó cuatro huelgas nacionales desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y ahora discute cuál debe ser el formato de la próxima medida.

Una parte de la conducción considera conveniente avanzar primero con un plan de lucha escalonado que incluya movilizaciones, protestas por actividad y acciones coordinadas entre distintos gremios antes de convocar a un paro de alcance nacional. La intención es sostener el conflicto durante varias semanas y acompañar las medidas sindicales con la disputa parlamentaria y judicial que sigue abierta alrededor de la reforma laboral.

✊🏼✌🏼 UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN PARA DEFENDER EL TRABAJO #PlanDeLucha pic.twitter.com/CjHx23TFDS

— CGT (@cgtoficialra) June 25, 2026

La Justicia será otro escenario de la disputa

La reforma laboral también abrió un frente judicial. La CGT sostiene que algunos aspectos de la reglamentación avanzan sobre derechos protegidos por la legislación laboral y por la Constitución Nacional. Los equipos jurídicos de la central ya trabajan en distintas presentaciones para cuestionar artículos vinculados con la negociación colectiva, el funcionamiento de las asociaciones sindicales, los aportes gremiales y la representación de los trabajadores.

La expectativa sindical es que una parte importante del conflicto termine resolviéndose en los tribunales, del mismo modo que ocurrió con otras reformas impulsadas por distintos gobiernos durante las últimas décadas.

La unidad sindical volvió a fortalecerse

Otra novedad de la semana fue la reactivación del trabajo conjunto entre la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Las tres centrales mantuvieron reuniones para coordinar una agenda común frente a la reforma laboral y acordaron impulsar acciones compartidas durante las próximas semanas. La imagen tiene relevancia porque durante buena parte del último año cada central desarrolló estrategias diferentes frente al Gobierno.

La reglamentación de la ley volvió a reunirlas alrededor de un objetivo común: impedir que las nuevas normas modifiquen el esquema tradicional de relaciones laborales y de organización sindical.

Las diferencias dentro de la conducción

La reunión del Consejo Directivo también dejó expuestas distintas posiciones sobre la intensidad que debería tener la confrontación con el Gobierno. Gremios industriales como la UOM, sindicatos ferroviarios como La Fraternidad y otros sectores vinculados a la producción impulsan una respuesta más rápida y de mayor impacto. Otros dirigentes prefieren administrar los tiempos y combinar las medidas de fuerza con la negociación política y la estrategia judicial. La discusión no afecta la unidad de la CGT, aunque refleja diferentes diagnósticos sobre el momento que atraviesa el oficialismo y sobre la eficacia que pueden tener las distintas herramientas sindicales.

Un segundo semestre marcado por la disputa laboral

El conflicto entre la CGT y el Gobierno ingresa así en una etapa distinta. Durante el primer año y medio de gestión, la mayor parte de las discusiones estuvieron vinculadas al ajuste fiscal, la caída del salario real y las paritarias. La reglamentación de la reforma laboral incorporó un nuevo eje de conflicto: la estructura misma del sistema de relaciones laborales argentino.

El Gobierno sostiene que los cambios buscan facilitar la contratación, reducir la litigiosidad y generar empleo registrado. La conducción sindical interpreta que las modificaciones debilitan la negociación colectiva, reducen la capacidad de representación de los gremios y alteran un modelo construido durante décadas. Esa diferencia explica el clima que dejó la reunión de esta semana. La CGT comenzó a organizar el segundo semestre con una estrategia definida, mientras la Casa Rosada mantiene su decisión de avanzar con la implementación de la reforma. Todo indica que la disputa sindical volverá a ocupar un lugar central en la agenda política durante los próximos meses.