Doble pulso
26/06/2026 - Edición Nº1235
Internacionales
Estado eficiente
Bukele mueve la regulación eléctrica a la DGEHM y redefine el rol de la SIGET
26/06/2026 | El Salvador busca trasladar funciones de la SIGET a la DGEHM y abre una discusión sobre eficiencia estatal y control regulatorio.
La reforma promete eficiencia, pero abre debate por concentración regulatoria.
El gobierno de El Salvador envió a la Asamblea Legislativa una reforma para trasladar a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas las principales atribuciones eléctricas que hoy administra la SIGET. La iniciativa apunta a que esa dirección, adscrita al Ministerio de Economía, asuma competencias sobre tarifas, normas técnicas, registros, procesos administrativos y recursos vinculados al sector eléctrico. El cambio reordena una parte sensible del Estado salvadoreño: quién regula la energía, quién define reglas y quién administra los expedientes del sistema.
La propuesta no elimina a la SIGET, pero sí redefine su papel institucional. El organismo dejaría de concentrar electricidad y telecomunicaciones bajo una misma estructura y pasaría a enfocarse en el área de telecomunicaciones, mientras la autoridad energética quedaría bajo el paraguas económico del Ejecutivo. El argumento oficial es ordenar competencias, reducir duplicidades y hacer más ágil la gestión pública. El debate de fondo, sin embargo, es más amplio: una reforma presentada como eficiencia estatal también implica mayor concentración de capacidad regulatoria en una dependencia del Ministerio de Economía.
El Salvador es una pequeña nación de América Central. Es conocida por sus playas en el océano Pacífico, los sitios de surf y el paisaje montañoso.
La nueva autoridad energética
La DGEHM pasaría a tener un rol central en la aplicación de la Ley General de Electricidad. Eso incluye la administración del Registro de Electricidad, donde se inscriben concesiones, contratos, resoluciones, cambios de titularidad y otros actos vinculados al sector. También asumiría funciones sobre tarifas, cargos, normas técnicas, procesos y representación del país ante espacios energéticos internacionales. En términos prácticos, la reforma concentra en una sola autoridad la política, la regulación y buena parte de la administración eléctrica.
El traslado también alcanzaría activos, bienes, presupuesto y personal asociado a las funciones eléctricas de la SIGET. El proyecto prevé una transición institucional para ordenar ese traspaso y permitir que la nueva autoridad decida qué equipos continúan bajo su órbita. Ese punto es clave porque la reforma no solo cambia nombres en una ley: mueve recursos, expedientes, competencias técnicas y capacidad operativa. Si avanza, la SIGET quedaría como superintendencia centrada en telecomunicaciones y la DGEHM como eje regulador del sector eléctrico.
Eficiencia y control
La reforma encaja con el estilo de gestión de Nayib Bukele: menos intermediarios, más ejecución centralizada y mayor control desde el Ejecutivo. Para sus defensores, el modelo puede acelerar decisiones, ordenar inversiones, simplificar trámites y dar coherencia a una agenda energética que incluye renovables, infraestructura y nuevos proyectos estratégicos. Para sus críticos, el riesgo está en reducir contrapesos técnicos y colocar decisiones tarifarias, regulatorias y administrativas bajo una órbita más cercana al poder político.
El Salvador mueve tarifas, registros y normas eléctricas a la DGEHM.
El caso salvadoreño deja una pregunta regional sobre cómo modernizar el Estado sin vaciar la independencia regulatoria. La eficiencia puede ser necesaria cuando las instituciones se superponen, pero la energía exige reglas previsibles, controles técnicos y confianza de largo plazo para usuarios, empresas e inversores. En ese equilibrio se jugará el verdadero alcance de la reforma: si será una simplificación administrativa o un nuevo paso en la concentración de decisiones estratégicas bajo el gobierno de Bukele.
