CABA: hasta seis años de prisión por poner un cartel falso en la vía pública

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires endureció las consecuencias para quienes instalen carteles apócrifos o adulterados para simular reservas de estacionamiento por discapacidad. El flamante Decreto 233/2026 ordena que la Secretaría de Tránsito, además de remover el cartel, formule una denuncia contra el titular del dominio vehícular que figuere como beneficiario, ante el Ministerio Público Fiscal por el delito de falsificación de instrumento público.

Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos.

Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo.

Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia… pic.twitter.com/kRSUSgFDND

— Jorge Macri (@jorgemacri) June 25, 2026

Sanción penal y administrativa

El Gobierno Porteño entiende que la utilización de cartelería falsa puede constituir un ilícito penal. Para ello se apoya en el artículo 292 del Código Penal, cuy parte pertinente es la siguiente: "El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años"

La norma instruye además a la Subsecretaría de Servicios a iniciar el procedimiento para disponer la suspensión transitoria y preventiva de la licencia de conducir de quienes sean detectados utilizando este tipo de reservas ilegales, mientras se sustancian las actuaciones correspondientes.

A su vez, el decreto establece un período de 20 días para que aquellas personas que utilicen espacios reservados para personas con discapacidad sin autorización vigente, con permisos vencidos o con datos desactualizados, regularicen su situación ante la Secretaría de Tránsito. Cumplido ese plazo, los controles serán más estrictos.

El infractor también pagará el operativo

Otra de las novedades es la incorporación de un nuevo concepto dentro de la tabla oficial de recuperación de costos. Quien instale señalización falsa deberá afrontar $140.000 por los gastos de remoción de la cartelería irregular y la reparación del espacio público, monto que podrá ser actualizado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad.

Desde el Ejecutivo porteño sostienen que el objetivo es garantizar que las reservas de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad sean utilizadas exclusivamente por quienes cumplen con los requisitos legales. Para ello, la Secretaría de Tránsito realizará inspecciones específicas sobre toda la cartelería instalada en la vía pública y labrará las actas correspondientes cuando detecte irregularidades.