El Programa Mundial de Alimentos aprobó este viernes una cooperación con Cuba por USD 116 millones hasta 2030. El plan recibió 29 votos a favor y 2 en contra en la Junta Ejecutiva del organismo, en un momento de fuerte presión de Estados Unidos sobre La Habana. La decisión deja una lectura política inmediata: la emergencia alimentaria cubana abrió una grieta entre la agenda sancionatoria de Washington y la lógica humanitaria de Naciones Unidas.
El resultado de la votación dejó a Estados Unidos en una minoría visible dentro de un expediente humanitario. La cooperación aprobada por el PMA no resuelve la crisis estructural cubana, pero sí garantiza una línea de asistencia alimentaria durante cuatro años, con prioridad sobre nutrición, protección social, alimentos escolares, resiliencia agrícola y respuesta ante emergencias. El dato político es que la presión norteamericana no alcanzó para bloquear una decisión multilateral presentada como asistencia básica a la población.
La cooperación tampoco equivale a un respaldo político automático al gobierno cubano. El punto central es más preciso: cuando la discusión se mueve del terreno ideológico al terreno alimentario, buena parte del sistema de Naciones Unidas evita convertir la ayuda en una extensión directa del conflicto entre Washington y La Habana. En ese marco, Cuba consigue oxígeno institucional mientras Estados Unidos comprueba que su política de máxima presión tiene límites cuando cruza con organismos humanitarios.
El cuadro al que llegó la votación es de una escalada sostenida desde principios de año. El 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional vinculada a Cuba y habilitó un esquema de aranceles sobre bienes de países que vendan o provean petróleo a la isla. El instrumento trasladó la presión más allá del vínculo bilateral y colocó bajo advertencia a terceros gobiernos, empresas y proveedores energéticos. La política cubana del segundo trumpismo dejó de limitarse al embargo tradicional y pasó a operar como presión secundaria sobre socios externos de La Habana.
La presión también tomó forma judicial y financiera. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó contra Raúl Castro y otros cinco acusados por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un caso histórico de alta sensibilidad para el exilio cubano y para la política de Florida. En junio, el Tesoro incorporó a Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza y otros nombres del círculo gobernante cubano a la lista de sancionados. La secuencia muestra una estrategia de pinza: energía, justicia penal, sanciones personales y presión diplomática sobre organismos internacionales.

Mientras Washington endurecía el cerco, La Habana aceleró una reforma económica de emergencia. El gobierno cubano aprobó 176 medidas agrupadas en ejes de apertura controlada, con cambios sobre banca privada, empresas estatales, mercado cambiario, subsidios, inversión, empleo y participación del sector privado. La conducción cubana intenta presentar ese giro como una forma de preservar el socialismo, aunque varias herramientas pertenecen al manual de una economía de mercado. La contradicción organiza el momento cubano: más mercado para sostener un sistema político que no quiere ceder control.
Ese clima económico llegó al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. El encuentro, previsto para el 26 y 27 de junio, fue diseñado con formato virtual por la crisis energética y con una agenda centrada en defensa, producción y derechos laborales. La señal interna es clara: el oficialismo necesita ordenar a los trabajadores en medio de apagones, escasez, reformas y sanciones externas. La asistencia del PMA, por eso, no aparece aislada: forma parte de una misma coyuntura de emergencia económica, presión internacional y ajuste interno.

Para Argentina, alineada con Washington bajo Javier Milei, el voto 29 a 2 del PMA deja una advertencia diplomática. El endurecimiento norteamericano sobre Cuba no arrastró al sistema multilateral y puede dejar a sus aliados en posiciones minoritarias dentro de organismos que financian alimentación, salud, desarrollo y asistencia humanitaria. La pregunta para Buenos Aires no es solo ideológica, sino operativa: cuánto margen conserva una política exterior cuando acompaña a Estados Unidos en expedientes donde la mayoría regional y multilateral vota por otra vía. La próxima ronda medirá cuánto está dispuesta Argentina a pagar por ese alineamiento.