Universidades en alerta: una reasignación de partidas puede abrir otra pelea con Milei

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario obligó al Gobierno nacional a revisar una estrategia que hasta hace pocos días parecía inalterable. Tras haber rechazado la norma por su impacto fiscal y sostener una dura batalla judicial, la administración de Javier Milei comenzó a evaluar mecanismos para cumplir con la resolución sin resignar su principal bandera económica: el superávit.

La decisión judicial modificó el escenario político para la Casa Rosada. El oficialismo había apostado a que la vía judicial le otorgaría más margen para evitar la aplicación de la ley, pero el fallo dejó sin margen esa estrategia y obligó a abrir una discusión interna sobre cómo financiar las partidas destinadas a las universidades públicas.

En ese contexto, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, analiza una reasignación de partidas presupuestarias que permita cumplir con la norma. En el Gobierno aseguran que el objetivo es garantizar los recursos sin alterar el equilibrio fiscal, una premisa que Milei mantiene como condición innegociable desde el inicio de su gestión.

La interna que expuso el fallo

El cambio de postura también dejó al descubierto diferencias dentro del oficialismo. Algunos sectores cuestionan la estrategia judicial impulsada desde el Ministerio de Justicia, al considerar que el revés de la Corte terminó debilitando la posición política del Gobierno en un conflicto que ya había generado fuertes movilizaciones universitarias en todo el país.

Hasta pocos días antes de la resolución, dirigentes libertarios transmitían optimismo sobre el desenlace judicial. Sin embargo, el fallo modificó completamente ese diagnóstico y aceleró las conversaciones entre las distintas áreas del Ejecutivo para encontrar una salida que evite un nuevo frente de conflicto con las universidades y la comunidad educativa.

Además, la ley había sido respaldada por rectores de distintas universidades nacionales, que mantenían canales de diálogo con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y habían alcanzado acuerdos parciales sobre incrementos presupuestarios antes de que la discusión llegara a la Corte.

Las universidades esperan la aplicación

Desde el sistema universitario celebraron la decisión judicial y reclamaron que el Gobierno avance con la implementación plena de la ley. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que el fallo representa "un paso fundamental" para normalizar el funcionamiento de las casas de estudio y garantizar el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.

La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 -salarios y becas- de la ley de financiamiento universitario. pic.twitter.com/1NAya2idCo

— Franco Bartolacci (@fbartolacci) June 25, 2026

Ahora, el desafío para el Ejecutivo será transformar ese mandato judicial en una solución presupuestaria concreta. Mientras intenta preservar el equilibrio de las cuentas públicas, la gestión de Javier Milei deberá resolver uno de los conflictos que mayor impacto político y social tuvo desde el comienzo de su administración.