La causa contra Marcelo Eduardo Porcel dio un paso decisivo y quedó a un paso del juicio oral. El fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, solicitó la elevación a juicio del empresario, acusado de haber cometido delitos sexuales contra diez adolescentes de entre 11 y 15 años, todos integrantes del círculo social de sus hijos.
Para el Ministerio Público Fiscal, el expediente permitió reconstruir una trama de abusos sostenida en el tiempo, con una lógica de acercamiento y manipulación que habría tenido como escenario reuniones privadas, viajes y encuentros organizados por el propio imputado.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024 en los domicilios de Porcel en Palermo y Puerto Madero, además de oficinas y otros espacios sociales frecuentados por las presuntas víctimas.

Con base en las pruebas reunidas durante la instrucción, Turano pidió al juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, que el empresario sea llevado al banquillo.
La investigación se inició en 2024, luego de denuncias presentadas por adolescentes y sus familias. A partir de testimonios, peritajes y análisis de dispositivos electrónicos, la fiscalía delineó una presunta metodología reiterada.
Según la acusación, Porcel habría construido vínculos de confianza con los menores y sus familias para colocarse en una posición de autoridad y control. Aprovechando esa relación asimétrica, habría promovido situaciones de vulnerabilidad que luego derivaban en conductas de contenido sexual.
El fiscal sostiene que el empresario incentivaba a los adolescentes a consumir alcohol, desnudarse y exhibir sus cuerpos, además de exponerlos a conversaciones y contextos impropios para su edad.
En su requerimiento, Turano afirmó que “mediante tocamientos impúdicos, abusó sexualmente de diez varones menores de edad” mientras se encontraban bajo su cuidado.
También se le atribuye haber realizado conductas destinadas a desviar el normal desarrollo psicosexual de las víctimas, configurando el delito de corrupción de menores agravada.
Uno de los elementos que fortaleció la acusación surgió de los peritajes informáticos realizados sobre dispositivos secuestrados al empresario.
De acuerdo con la fiscalía, allí se hallaron fotografías de menores desnudos, material que fue incorporado como evidencia dentro del expediente.
Para Turano, el cuadro probatorio permite concluir que Porcel “se aprovechó del estado de indefensión de los menores de edad”, quienes en varios casos se encontraban bajo efectos del alcohol y al cuidado de quien aparecía como un adulto protector.
El 6 de abril, el juez Bruniard procesó al empresario sin prisión preventiva y embargó sus bienes por 111.564.950 pesos. Esa resolución fue confirmada en mayo por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Aunque la Cámara rechazó el pedido de prisión preventiva, dispuso medidas de control adicionales, entre ellas un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización, además de sistemas de alerta para proteger a las presuntas víctimas.