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27/06/2026 - Edición Nº1236
Política
POLÍTICA
Diputados del peronismo denuncian un freno al derecho de huelga en CABA
27/06/2026 | Sostienen que vulnera la Constitución, contradice los criterios de la Organización Internacional del Trabajo y forma parte de una ofensiva contra la actividad sindical.
Diputados peronistas impulsan un "enérgico rechazo" al decreto porteño que limita el derecho a huelga en servicios esenciales.
El decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que endurece las condiciones para ejercer el derecho de huelga en servicios como el transporte público y la recolección de residuos ya llegó al Congreso. Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de declaración para expresar el "más enérgico rechazo" a la medida impulsada por la administración de Jorge Macri, al considerar que limita de manera inconstitucional uno de los derechos fundamentales de los trabajadores.
La iniciativa parlamentaria cuestiona el Decreto 230/2026, firmado el pasado 22 de junio, que obliga a mantener un funcionamiento mínimo del 75 por ciento en la recolección de residuos y del 50 por ciento en los servicios de transporte colectivo y subterráneo durante las medidas de fuerza.
Una ofensiva sobre el derecho de huelga
El proyecto fue presentado por Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Juan Marino, Sabrina Selva y Luis Roberto Santiago, quienes sostienen que la norma porteña transforma en "inoperante" el ejercicio del derecho de huelga al imponer niveles de prestación que, en la práctica, neutralizan el impacto de cualquier medida gremial.
Los legisladores afirman que el decreto contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de diversos tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen la libertad sindical como un derecho esencial.
El respaldo de organismos internacionales
Uno de los principales argumentos del proyecto remite a la jurisprudencia internacional. Los diputados recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 27/2021, estableció que los servicios mínimos durante una huelga deben limitarse exclusivamente a garantizar las necesidades básicas de la población y no pueden vaciar de contenido el derecho a protestar.
En la misma línea, citan numerosos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que excluye expresamente del concepto de "servicios esenciales" tanto al transporte público como a la recolección de residuos, actividades alcanzadas por el decreto porteño.
También apuntan contra el Gobierno nacional
Más allá del rechazo al decreto de Jorge Macri, el texto amplía la discusión y vincula la medida con la política laboral impulsada por la administración nacional.
Según los autores, la decisión del Gobierno porteño constituye "una muestra más" de una estrategia destinada a restringir la actividad sindical, debilitar la negociación colectiva y disciplinar a los trabajadores mediante limitaciones al ejercicio del derecho de huelga.
Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios.
— Jorge Macri (@jorgemacri) June 23, 2026
Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la… pic.twitter.com/VpOBPpbzbL
Como ejemplo, recuerdan las recientes sanciones económicas impuestas por el Gobierno nacional a los sindicatos La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras su adhesión al paro general convocado por la CGT.
Un nuevo capítulo en la disputa sindical
El proyecto de declaración no tiene efectos vinculantes, pero busca instalar el debate político y sumar presión institucional contra una medida que ya comenzó a generar rechazo en el movimiento sindical.
Mientras el Gobierno porteño sostiene que el objetivo del decreto es garantizar servicios indispensables para la población durante los conflictos gremiales, desde la oposición advierten que la iniciativa excede ese propósito y constituye un avance sobre un derecho protegido por la Constitución Nacional y por los principales tratados internacionales en materia laboral.
El texto parlamentario ratifica finalmente el compromiso de sus autores con la libertad sindical y reclama dejar sin efecto una regulación que, según entienden, limita el ejercicio efectivo del derecho de huelga en la Ciudad de Buenos Aires.
