La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El juez Sebastián Ramos procesó al dirigente social y diputado nacional Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, al considerar que participó activamente de la ocupación del edificio durante la protesta realizada el 7 de junio de 2025. Ese día el diputado intentó resistir el cierre del lugar, dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes del referente de Patria Grande por cinco millones de pesos, como medida cautelar para garantizar eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas del expediente.
La resolución representa el primer avance judicial de relevancia contra Grabois por una protesta de estas características y abre un nuevo frente político y judicial para uno de los principales referentes de la oposición al gobierno de Javier Milei.
En su resolución, Ramos sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación —entre ellas registros audiovisuales, testimonios y documentación incorporada al expediente— permiten concluir que Grabois ingresó al edificio sin autorización cuando el inmueble permanecía cerrado y bajo la administración del Ministerio de Capital Humano.
Según el fallo, el dirigente permaneció cerca de dos horas dentro del Instituto Perón y no sólo desoyó las intimaciones para abandonar el lugar, sino que además habría alentado la continuidad de la ocupación y la resistencia frente al operativo policial dispuesto para desalojar el edificio.
El juez Sebastián Ramos, el mismo juez que absolvió al actual Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por la causa de Lago Escondido ahora procesa a Juan por dos supuestos delitos que son de público conocimiento que no cometió.
— Adriana Cristina Serquis (@aserquis) June 27, 2026
No es casualidad que hagan esto mientras… https://t.co/8hxqHvJEGU
Para el magistrado, esa conducta excede la mera presencia en el lugar y configura una participación activa en los hechos investigados.
La ocupación del Instituto Perón se produjo en un contexto de creciente tensión política, en los días previos a la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El edificio, de fuerte carga simbólica para el peronismo, se convirtió en escenario de una protesta encabezada por dirigentes y militantes que cuestionaban las políticas del Gobierno nacional y denunciaban un intento de desmantelar espacios vinculados a la memoria histórica del movimiento.
Sin embargo, la movilización derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que motivaron la apertura de la investigación judicial.
La resolución también alcanzó a Valentín Peralta, a quien el juez atribuyó una participación más directa en los enfrentamientos con efectivos policiales durante el procedimiento de desalojo.
El expediente incorpora certificados médicos que registran lesiones sufridas por varios agentes, entre ellas traumatismos, contusiones y heridas leves atendidas en el Hospital Churruca. Para el juzgado, esa documentación constituye uno de los elementos centrales para sostener la acusación por resistencia a la autoridad.

Desde el entorno del dirigente rechazaron la resolución y sostuvieron que Grabois no participó de la ocupación como organizador ni como manifestante.
La estrategia de la defensa se basa en que el dirigente concurrió al lugar en su condición de abogado para asistir jurídicamente a integrantes de una cooperativa que desarrollaba actividades en un espacio contiguo al Instituto Perón, por lo que consideran que su presencia no puede interpretarse como una participación en la toma.
No obstante, el juez entendió que los elementos reunidos durante la instrucción resultan suficientes para sostener el procesamiento en esta etapa del proceso, una decisión que seguramente será apelada por la defensa ante la Cámara Federal.
Más allá del recorrido judicial que aún resta por delante, la decisión de Ramos incorpora un nuevo elemento al escenario político. Grabois, uno de los dirigentes más confrontativos con la administración de Javier Milei, queda ahora formalmente procesado en una causa vinculada con una protesta que el oficialismo presentó desde el primer momento como un acto de ocupación ilegal de un edificio público.