Bolivia decidió terminar con 15 años de tipo de cambio prácticamente fijo frente al dólar. El gobierno anunció que adoptará un sistema flexible, bajo supervisión del Banco Central, con el objetivo de restaurar estabilidad macroeconómica, preservar competitividad externa y mejorar la balanza de pagos.
El cambio implica una devaluación importante. Bolivia mantenía desde 2011 un tipo oficial cercano a 6,86 bolivianos por dólar para la compra y 6,96 para la venta. Tras el decreto, el Banco Central publicó una cotización oficial de 9,73 bolivianos por dólar, lo que supone una pérdida de valor cercana al 30% frente al tipo de compra anterior.
La medida no surge en el vacío. La economía boliviana venía acumulando escasez de dólares, caída de reservas y una brecha creciente con el mercado paralelo, donde el dólar llegó a negociarse cerca de 20 bolivianos. Esa distancia entre precio oficial y precio real terminó erosionando la credibilidad del esquema.
El otro actor clave es el Fondo Monetario Internacional. Bolivia negocia un programa de financiamiento de al menos 2.500 millones de dólares, con expectativas de que pueda rondar los 3.000 millones. El FMI ya había recomendado abandonar el ancla cambiaria en su informe anual previo, por lo que la decisión será leída como una señal favorable para conseguir apoyo financiero.
Pero la economía política es delicada. La Central Obrera Boliviana y otros sectores laborales vienen resistiendo las conversaciones con el FMI por temor a medidas de austeridad. Desde mayo hubo bloqueos de rutas contra el gobierno de Rodrigo Paz, que declaró estado de emergencia la semana pasada para despejar cortes que paralizaban la economía.
La pregunta ahora no es solo si Bolivia corrige el tipo de cambio, sino si consigue dólares suficientes para que la flexibilización no derive en una espiral de precios y conflictividad. El economista Gonzalo Chávez lo resumió en términos simples: después de mover el régimen cambiario, lo importante será conseguir divisas y reconstruir reservas