Universidades públicas: cuánto dinero tendría que poner el Gobierno para cumplir la ley

El fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario volvió a tensionar la relación entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. La administración de Javier Milei sostiene que cumplir con la norma implicará un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, una cifra que, según advierte, pone en riesgo la meta de superávit fiscal que guía toda la política económica.

Desde la Casa Rosada insisten en que el Congreso aprobó la ley sin establecer de dónde saldrán los recursos para financiarla. Bajo ese argumento, el oficialismo sostiene que la norma incumple lo establecido por la Ley de Administración Financiera, que obliga a identificar la fuente de financiamiento de toda iniciativa que implique un incremento del gasto público.

El nuevo escenario obliga al Ejecutivo a recalcular sus cuentas. Aunque el Gobierno ya anticipó que buscará cumplir el fallo sin abandonar el equilibrio fiscal, la resolución judicial limita el margen político que tenía para postergar la aplicación de una ley que había sido vetada por el propio Presidente.

El conflicto excede el presupuesto

La discusión no se limita a una cuestión contable. El financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y buena parte de la comunidad educativa, que durante el último año protagonizó multitudinarias movilizaciones contra el ajuste sobre las universidades públicas.

Desde los gremios docentes celebraron la decisión de la Corte y rechazaron el argumento oficial de la falta de recursos. Dirigentes de AGD-UBA y ADUBA sostuvieron que el Estado tiene margen para reasignar partidas y acusaron al Gobierno de priorizar otros sectores mientras posterga la inversión en educación superior.

El fallo también representa un revés político para la estrategia libertaria. Después de intentar frenar la aplicación de la ley mediante recursos judiciales y cuestionamientos presupuestarios, la administración de Milei deberá encontrar una salida que combine el cumplimiento de la decisión judicial con el mantenimiento de su programa económico.

El Gobierno busca sostener su estrategia

Aun con el fallo en contra, el Ejecutivo insiste en que la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley todavía no está cerrada. Además, ratificó que reforzará las auditorías sobre las universidades nacionales a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), una decisión que anticipa que el conflicto seguirá abierto más allá del aspecto presupuestario.

La disputa ya dejó de ser exclusivamente jurídica. Mientras las universidades reclaman el cumplimiento inmediato de la ley y la recomposición salarial de docentes y no docentes, el Gobierno intenta evitar que la aplicación de la norma comprometa el equilibrio fiscal, una de las principales banderas políticas de la gestión de Javier Milei.