La interna que atraviesa al peronismo bonaerense dejó de limitarse a la discusión electoral y comenzó a condicionar el funcionamiento de instituciones clave de la provincia. La definición de los nuevos representantes para el Consejo de la Magistratura quedó atravesada por las diferencias entre el gobernador Axel Kicillof y el sector que responde a Máximo Kirchner, mientras también se demora la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense.
En ese contexto, el mandatario provincial avanzará con la postulación del asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, para ocupar una de las bancas que corresponden al Poder Ejecutivo dentro del organismo encargado de seleccionar jueces y conformar ternas para cubrir cargos judiciales. Sin embargo, las designaciones siguen lejos de completarse.

La falta de acuerdos también obligó al Consejo de la Magistratura a suspender una de sus sesiones por la cantidad de vacantes pendientes. El parate expone cómo la crisis política del oficialismo provincial comienza a repercutir sobre el funcionamiento institucional.
Las negociaciones también se complicaron en el Poder Legislativo. El oficialismo todavía no logró cerrar la integración de sus representantes debido a diferencias entre el kicillofismo y el kirchnerismo, que además enfrentan problemas para completar los lugares reservados a legisladores con título de abogado, requisito indispensable para integrar el organismo.
Dentro de ese esquema aparece el nombre del diputado provincial Mariano Cascallares, impulsado por Kicillof para ocupar un lugar correspondiente al Senado gracias a una modificación legal aprobada el año pasado. Sin embargo, la propuesta quedó frenada por la falta de consenso interno.

La oposición tampoco logró ordenar sus propias designaciones. Si bien La Libertad Avanza ya impulsó a la senadora María Luz Bambaci como representante titular, todavía resta definir una suplencia, lo que mantiene incompleta la integración del organismo.
Las diferencias dentro del oficialismo también postergan otra decisión de peso: la cobertura de las cuatro vacantes que mantiene la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que actualmente funciona con solo tres de sus siete integrantes.
Aunque distintos sectores políticos reclaman acelerar los nombramientos, cerca de Kicillof admiten que hoy la prioridad no pasa por ese tema. La negociación quedó subordinada a una interna que sigue condicionando cada movimiento del oficialismo y dificulta alcanzar los acuerdos necesarios para enviar los pliegos al Senado provincial.
Así, mientras el Gobierno bonaerense intenta avanzar con nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura, la falta de armonía dentro del peronismo mantiene paralizadas decisiones institucionales que trascienden la disputa política y empiezan a impactar sobre el funcionamiento del sistema judicial de la provincia.