La diputada nacional Julia Strada salió en defensa del dirigente social Juan Grabois luego de que el juez federal Sebastián Ramos resolviera procesarlo por la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. A través de un mensaje publicado en la red social X, la legisladora denunció una supuesta persecución judicial contra los dirigentes populares y cuestionó con dureza la actuación del magistrado.
"El mismo juez que absolvió a todos los huemules en Lago Escondido ahora está procesando a Juan Grabois por defender al Instituto Perón", escribió Strada, en referencia al fallo dictado por Ramos en la causa vinculada al viaje de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios al sur del país.
El mismo juez que absolvió a todos los huemules en Lago Escondido, lo procesa a @JuanGrabois por defender el Instituto Perón. Así funciona el poder judicial argentino: no es imparcial, es persecutorio hacia la militancia popular.
— Julia Strada (@Juli_Strada) June 28, 2026
Mi solidaridad con él y con los compañeros de… https://t.co/vvI42TI0i3
La economista y diputada de Unión por la Patria sostuvo que el procesamiento de Grabois refleja un funcionamiento desigual del Poder Judicial y aseguró que existe una utilización política de los tribunales. "Así funciona la judicatura argentina: no es imparcial, es persecutoria hacia el activismo popular", afirmó la legisladora, quien consideró que las decisiones de los magistrados varían según el perfil político de los involucrados.
En el mismo mensaje, Strada expresó su respaldo al dirigente del Frente Patria Grande y extendió su solidaridad a la militancia del espacio político: "Mi solidaridad con él y con los compañeros de Patria Grande", señaló la diputada.
Las declaraciones de Strada reavivan el debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial, una discusión que el kirchnerismo mantiene desde hace años y que volvió a cobrar fuerza tras la resolución del juez Sebastián Ramos contra Juan Grabois.
Desde el kirchnerismo sostienen que en la Argentina existe una práctica de lawfare, concepto con el que describen un presunto uso coordinado de causas judiciales, cobertura mediática y decisiones institucionales para perseguir, desgastar o condicionar a dirigentes políticos.
Esa interpretación es rechazada por buena parte de la oposición y por referentes del Poder Judicial, quienes sostienen que las investigaciones responden al funcionamiento del sistema judicial y al principio de igualdad ante la ley.