Gregorio Dalbón redobló la ofensiva judicial contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, al solicitar que se le dicte la prisión preventiva en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El planteo fue presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita, pocos días después de la salida del exfuncionario del Gobierno, y suma un nuevo capítulo a una investigación que mantiene bajo presión a la administración de Javier Milei.

En su presentación, el abogado de Cristina Kirchner argumentó que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Como alternativa, pidió que la Justicia le prohíba salir del país, disponga la retención de su pasaporte y notifique a la Dirección Nacional de Migraciones para impedir cualquier intento de abandonar el territorio argentino mientras avance el expediente.
Al final, Manuel, fuiste lo que decías combatir: casta que entró al Estado a llenarse los bolsillos. No te volteó el periodismo. Te voltearon los 500 mil dólares que vos mismo confesaste haber escondido. Tu boca fue la denuncia. Vos, “apenas” un imputado. Se acabó el atril y los… https://t.co/EhdCJNbGDL
— DALBÓN (@Gregoriodalbon) June 28, 2026
La solicitud se apoya en nuevos elementos incorporados a la causa, entre ellos los presuntos mensajes intercambiados entre Adorni y el contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo por las remodelaciones realizadas en la vivienda del exfuncionario. Para Dalbón, esos contactos podrían interpretarse como un intento de influir sobre un testimonio clave de la investigación.
Según la presentación judicial, antes de que Tabar declarara ante la Justicia, Adorni le habría enviado mensajes ofreciéndole asistencia a través de un abogado de su confianza. Uno de los textos incorporados al expediente señala: "Podés contar conmigo para lo que necesites. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado". Posteriormente, el exfuncionario insistió con otro mensaje recordándole la ayuda ofrecida.
El contratista confirmó haber realizado trabajos de remodelación en la propiedad de Adorni y declaró que percibió unos 245 mil dólares por esas obras. También rechazó la asistencia legal que, según la investigación, le habría ofrecido el entonces jefe de Gabinete. Ese episodio pasó a ser uno de los principales ejes de la causa porque podría ser evaluado por la Justicia como un intento de influir sobre un testigo.

Mientras el expediente avanza, el pedido de prisión preventiva profundiza la presión judicial sobre el exfuncionario y abre una nueva etapa procesal. La decisión ahora queda en manos del fiscal Pollicita y, eventualmente, del juez de la causa, que deberán definir si existen elementos suficientes para adoptar alguna medida restrictiva de la libertad o de circulación de Adorni mientras continúa la investigación.