La diputada nacional Marcela Pagano presentó este lunes un escrito ante el fiscal Gerardo Pollicita para pedir, por segunda vez, la detención del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El detonante fue el audio de WhatsApp que se conoció hoy, en el que Adorni le dice al contratista Matías Tabar —días antes de que éste declarara en la Justicia— que le va a dar "todo el soporte" que necesite y que lo mismo hizo "con todos" los citados antes que él.
Para Pagano, ese audio prueba que Adorni intentó entorpecer la investigación. "Quedó probado que quiso obstaculizar la causa", afirmó en sus redes sociales. En el escrito judicial, la diputada le pide al fiscal que requiera al juez Ariel Lijo la detención inmediata del exfuncionario. Y si eso no prosperara, pide como mínimo dos medidas: prohibición de salida del país y retención del pasaporte.
El escrito lleva el encabezado "URGENTE DESPACHO". No es solo un título: en términos judiciales, implica que Pagano considera que hay riesgo concreto e inmediato de que se frustre la investigación si no se actúa de inmediato.
El texto formal tiene tres pedidos en orden de prioridad.
El primero es la detención de Adorni, basada en el artículo 283 del Código Procesal Penal, que permite arrestar a alguien cuando hay peligro concreto de que obstaculice la investigación.
Lo adverti! Hoy se conocieron los audios donde @madorni le ofrece a un testigo “todo el soporte que necesites”.
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 29, 2026
Quedó probado que quiso entorpecer la investigación por eso reitero el pedido de DETENCIÓN de Manuel Adorni. Nadie está por encima de la ley. pic.twitter.com/qVaCGO4IQm pic.twitter.com/IJaJWdkkJy
El segundo, en caso de que el juez no haga lugar a la detención, es que se apliquen medidas restrictivas: prohibición de salida del país y retención del pasaporte. Esto impediría que Adorni viaje al exterior mientras la causa avanza.
El tercero es la incorporación del audio como nuevo elemento de convicción a la causa, sumado a todo lo que ya estaba en el expediente.
Pagano aclara en el escrito que actúa como denunciante original, no como querellante. Eso significa que no puede pedir estas medidas directamente al juez: lo que hace es poner los elementos ante el fiscal para que sea él quien las solicite formalmente ante Lijo.
La Doctrina Irurzun es un criterio jurídico que establece que un exfuncionario de alto rango puede ser detenido preventivamente aunque no haya sentencia, si existe riesgo de que entorpezca la investigación. Se llama así porque la estableció el juez de la Cámara Federal Martín Irurzun en 2018, cuando ordenó la detención de Amado Boudou. El mismo Lijo fue quien ejecutó esa orden.
El argumento es el siguiente: alguien que ocupó el tercer cargo más alto del Estado tiene contactos, recursos e influencia suficientes para presionar testigos, hacer desaparecer pruebas o coordinar versiones con otros involucrados. Ese "poder residual" justifica medidas cautelares, incluso sin condena.

Pagano invoca exactamente ese argumento. "Si se usó esa doctrina para funcionarios de otro gobierno, ¿cómo no se va a aplicar ahora?", dijo en mayo cuando hizo el primer pedido. Hoy lo reitera con el audio como prueba nueva.
La doctrina también se aplicó contra Julio De Vido, Carlos Zannini y Roberto Baratta, todos exfuncionarios kirchneristas. Adorni fue hasta hace 48 horas el tercer funcionario en la cadena de mando del gobierno de Javier Milei.
El 5 de mayo, un día después de que Tabar declarara ante Pollicita, Pagano hizo el primer pedido de detención. En ese momento, Tabar ya había contado que Adorni lo contactó antes de declarar para ofrecerle ayuda. Pero el contenido exacto de esos mensajes no era público todavía.
Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN. pic.twitter.com/Yzl7iqWr8h
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 4, 2026
El juez Lijo no hizo lugar al pedido. No hubo detención ni medidas restrictivas.
Hoy el escenario cambió en un punto concreto: el audio se conoció públicamente y su contenido quedó registrado. Ya no es solo el relato de Tabar sobre lo que pasó — es la voz de Adorni diciendo textualmente que le va a dar "todo el soporte" y que lo mismo hizo "con todos". Esa frase es la que Pagano pone ahora en el centro del nuevo pedido.
En el audio, Adorni dice: "Despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo lo que yo te puedo ayudar."
💣EXCLUSIVO
— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) June 29, 2026
El audio que le envió Manuel Adorni a su contratista ofreciendole ayuda antes de que tenga que declarar@rominamanguel pic.twitter.com/KxjvnuoKsg
Esa expresión implica que Tabar no fue el único testigo al que Adorni contactó antes de declarar. Hay otros. Y si hubo un patrón de contactos con testigos, la figura jurídica que corresponde no es solo entorpecimiento de la investigación, puede ser obstrucción sistemática de la Justicia, un delito autónomo con consecuencias penales propias.
Pagano señaló en mayo que Adorni también habría intentado borrar los mensajes que intercambió con Tabar. Si eso se confirma con el avance de la causa, agrava aún más el cuadro.
Hay tres caminos posibles.
El primero es que el fiscal Pollicita recoja el pedido de Pagano y lo eleve al juez Lijo como requerimiento formal de detención. Si Lijo aplica la Doctrina Irurzun, Adorni podría quedar detenido preventivamente.

El segundo es que Lijo rechace la detención pero ordene medidas restrictivas: prohibición de salida del país y retención del pasaporte. Esto es lo que Pagano pide como alternativa mínima. En la práctica, significaría que Adorni no puede viajar al exterior mientras la causa avanza.
El tercero es que la Justicia no haga lugar a ninguno de los pedidos, como ocurrió en mayo, y la causa continúe su curso normal.
Lo que está claro es que el audio acelera los tiempos. El fiscal Pollicita tiene ahora una prueba concreta y pública que antes no existía en esos términos.
El expediente entra en una etapa decisiva con independencia del pedido de detención.
Esta semana están previstas para llegar a la fiscalía las respuestas a los últimos oficios que ordenó el juez Lijo. Los organismos que deben informar son las billeteras virtuales Lemon y Binance, el country Indio Cua, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), donde Adorni daba clases.

Al mismo tiempo, la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) está terminando un informe contable completo sobre la evolución del patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde que asumió como funcionario público.
Cuando ese informe esté listo, el fiscal Pollicita podrá pedirle al juez Lijo que cite a Adorni a un requerimiento de justificación patrimonial. Esa sería la primera instancia en la que el exfuncionario deberá explicar formalmente, por escrito, el origen de cada peso de su patrimonio.
Si las explicaciones no convencen a la Justicia, el paso siguiente es la indagatoria: Adorni tendría que presentarse en Comodoro Py para defenderse de una acusación formal de corrupción.
Renunció el sábado. Enfrenta la causa sin cargo, sin fueros y sin protección institucional.
TM