A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno, una diputada del PRO en Mendoza presentó un proyecto que promete abrir un fuerte debate puertas adentro de la política provincial. La iniciativa busca eliminar las dos semanas de receso legislativo de julio con el argumento de que los representantes deben continuar trabajando mientras las demandas de la sociedad siguen vigentes.
La autora de la propuesta es Cintia Gómez, quien cuestionó que los legisladores interrumpan su actividad apenas dos meses después de asumir en sus bancas y calificó ese esquema como un privilegio difícil de justificar frente a la realidad que atraviesan miles de trabajadores.

La iniciativa ingresó a la Legislatura mendocina y propone que tanto la Cámara de Diputados como el Senado provincial mantengan su actividad durante julio, sin modificar los derechos laborales del personal administrativo.
En los fundamentos del proyecto, Gómez sostuvo que las instituciones públicas deben adecuarse a las demandas actuales y revisar prácticas que, aunque históricas, hoy aparecen alejadas de la realidad cotidiana.
"La realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio", argumentó la legisladora. En ese sentido, afirmó que temas como la seguridad, la salud, la educación, el empleo, la producción y el desarrollo económico continúan requiriendo respuestas del Poder Legislativo durante todo el año.
Además, remarcó que los municipios, las empresas y gran parte de las instituciones continúan funcionando normalmente durante el receso invernal, por lo que consideró que la Legislatura también debería hacerlo.
Gómez también apuntó contra el régimen de descanso de los propios legisladores. Según explicó, quienes resultan electos en los comicios de medio término asumen el 1° de mayo y, apenas dos meses después, ya acceden a dos semanas de receso.
"Lo mismo ocurre con quienes asumen en noviembre y a fines de diciembre ya tienen 30 días de vacaciones. Un trabajador del sector privado necesita más de diez años de antigüedad para acceder al mismo beneficio", comparó en declaraciones al diario Uno.
Para la diputada, mantener ese esquema contribuye a profundizar el distanciamiento entre la dirigencia política y la ciudadanía.
"Cuanto más cercana sea la política a la realidad cotidiana de las personas, más fuerte será el vínculo de confianza sobre el cual se sostiene la democracia", afirmó en el proyecto.
La propuesta recibió el respaldo del PRO, aunque todavía no fue debatida formalmente por el resto de los bloques de la Legislatura.
Desde Cambia Mendoza, sin embargo, la calificaron de "populista" y defendieron el funcionamiento del Parlamento provincial. Según señalaron, la Legislatura mendocina se encuentra entre las que más sesionan en el país y el receso de invierno responde al acuerdo paritario alcanzado con el personal administrativo.
Los legisladores que rechazan el proyecto también advirtieron que durante esas dos semanas no trabajan los taquígrafos, cuya tarea resulta indispensable para el desarrollo de las sesiones y reuniones de comisión.
Frente a esas objeciones, Gómez aseguró que la continuidad de la actividad puede organizarse sin afectar los derechos de los trabajadores.
"Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie. Lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos, como ocurre en los hospitales o en las fuerzas de seguridad", respondió.
Con el inicio del receso previsto para el 6 de julio, la iniciativa quedó instalada en la agenda política mendocina y abrió una discusión poco habitual: si los legisladores deben mantener las mismas vacaciones de invierno que hoy tiene el personal de la Legislatura o si ese esquema debería revisarse en función de las demandas permanentes que enfrenta el Estado