El Ejército lanzó una prohibición que generó rechazo en sus militares: de qué se trata

El Ejército Argentino prohibió a todo su personal -militar y civil- publicar en redes sociales quejas, reclamos, denuncias o cartas abiertas sobre temas vinculados con la institución. La medida quedó establecida en un documento interno de cuatro páginas, firmado por el secretario general de la fuerza, el general de brigada Roberto Martín Baroni, y rige desde esta semana para activos y retirados.

La norma llega en medio de un ajuste presupuestario que afecta el funcionamiento cotidiano de los cuarteles: hubo dependencias del Ejército sin luz por falta de pago, denuncias de comida insuficiente para los soldados y una obra social militar con una deuda que supera los $300.000 millones. En ese contexto, la prohibición de quejarse públicamente generó malestar entre los propios militares, que la calificaron como "censura".

Según el documento publicado por el medio RealPolitik, toda inquietud vinculada con el Ejército "deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias establecidas". Es decir, los reclamos ya no podrán salir a la luz a través de Facebook, Instagram, X o TikTok: tendrán que tramitarse puertas adentro, dentro de la cadena de mando.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva norma?

El documento, identificado como orden especial del Jefe del Estado Mayor General del Ejército (JEMGE) N° 113/26, enumera diez conductas prohibidas para el personal. Entre las principales:

• Publicar quejas, reclamos, denuncias o cartas abiertas sobre asuntos de la institución.
• Hacer manifestaciones políticas, ideológicas o partidarias que comprometan la "neutralidad institucional" de la fuerza, incluso en comentarios o historias.
• Compartir o amplificar publicaciones de terceros que toquen esos temas.
• Dar entrevistas o hacer declaraciones públicas como militar sin autorización previa.
• Usar el uniforme con fines comerciales o de lucro en redes sociales.
• Difundir imágenes o información sobre instalaciones, armamento, depósitos o rutinas operativas que puedan comprometer la seguridad de los cuarteles.

La norma aclara que, si un militar ve una publicación de un tercero que pueda afectar la imagen de la institución, debe avisarle a su superior y no responder por su cuenta.

¿Por qué generó malestar entre los militares?

La polémica no es solo por la prohibición de quejarse: también molesta que la norma alcance al personal civil que trabaja en el Ejército, algo que varias fuentes consultadas por distintos medios calificaron como un exceso. "¿Qué tiene que ver el personal civil con la disciplina militar?", planteó una fuente del sector consultada por el sitio Urgente24.

Desde el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, niegan que se trate de censura y hablan de "uso responsable" de las redes. Sin embargo, en los cuarteles la lectura es distinta: consideran que la medida busca evitar que se sigan filtrando denuncias sobre la situación económica de la fuerza, que en los últimos meses tomó estado público a través de las redes sociales y la prensa.

¿Por qué hay tanto malestar en el Ejército ahora mismo?

La prohibición llega en el peor momento posible para la comunicación institucional de la fuerza. En las últimas semanas se conocieron varios episodios que muestran la crisis económica que atraviesan los cuarteles:

• En Neuquén, la cooperativa CALF le cortó la luz al Batallón de Ingenieros de Montaña 6 por una deuda de $60 millones, acumulada desde marzo. Otras 20 dependencias del Ejército en distintos puntos del país también tienen atrasos severos en el pago de servicios.
• El Ministerio de Defensa publicó en el sistema de compras oficial una permuta insólita: intercambiar una tonelada de membrillo por repuestos para una camioneta Chevrolet S10 del año 2010.
• Hay denuncias de soldados y suboficiales por falta de alimentos en los cuarteles, y en algunos destinos se redujo la jornada laboral para ahorrar en el gasto del almuerzo.
• La obra social de las Fuerzas Armadas, OSFA, arrastra una deuda de entre $200.000 y $300.000 millones, lo que provocó cortes de prestaciones médicas a militares en distintas provincias.

¿Qué es la Decisión Administrativa 20/2026 y por qué se la menciona tanto?

La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, es el instrumento legal con el que el Gobierno nacional aplicó un recorte del 2,6% sobre el presupuesto del Ministerio de Defensa. En números concretos, la quita supera los $48.900 millones.

El recorte impacta en programas de logística, mantenimiento y equipamiento de las tres fuerzas. Entre las consecuencias más visibles está la eliminación de un crédito externo de $10.620 millones que estaba destinado a comprar cuatro helicópteros navales para la Base Naval Puerto Belgrano.

TM