Mientras el escándalo por los videos de Jésica Cirio sigue sumando repercusiones, Elías Piccirillo lanzó una nueva ofensiva judicial para modificar de raíz su situación procesal. El empresario presentó un escrito ante la Justicia federal en el que pidió el cese de la prisión domiciliaria, su inmediata excarcelación y una reducción sustancial del embargo económico trabado en su contra.
La presentación fue realizada por sus abogados, Alejandro Montiel y Fernando Diez, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, donde también rechazaron el planteo de la querella que buscaba endurecer las reglas de conducta y reforzar los mecanismos de control sobre el imputado.
Actualmente, Piccirillo cumple arresto domiciliario en un departamento de Banfield, bajo monitoreo electrónico. Allí permanece desde que la Justicia le concedió el beneficio tras haber pasado por el penal de Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El expediente contra Piccirillo se inició el 13 de febrero de 2025, mientras que su detención se concretó poco más de un mes después, el 20 de marzo. En ese momento fue alojado en Ezeiza y luego pasó al régimen domiciliario con tobillera electrónica.

En su nuevo planteo, la defensa sostuvo que no existen razones actuales para mantener la medida restrictiva. Según remarcaron, los informes de la oficina de monitoreo y del Servicio Penitenciario Federal reflejan que el empresario cumplió todas las condiciones impuestas “sin irregularidad alguna”.
Los abogados también subrayaron un dato que consideran central: Piccirillo sería el único imputado de la causa que continúa privado de libertad, mientras otros coimputados —incluidos exintegrantes de fuerzas de seguridad— atraviesan el proceso en libertad.
Con ese argumento, insistieron en que la prisión preventiva perdió su fundamento jurídico. “La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y se desnaturaliza cuando opera como pena anticipada”, señalaron.
Además de la libertad, la defensa puso la mira en el frente patrimonial. Actualmente sobre Piccirillo pesa un embargo de 900 millones de pesos, una cifra que sus abogados califican de desproporcionada.
En el escrito solicitaron sustituir esa medida por un depósito judicial de 200 millones de pesos, además del levantamiento de las anotaciones sobre inmuebles y de la inhibición general de bienes.
También pidieron la devolución de una caución de 100 millones de pesos, constituida previamente para obtener la exención de prisión.
El planteo incluyó una crítica directa a la querella, a la que acusaron de sostener sus objeciones en hipótesis sin respaldo concreto. “No hay una prueba, no hay un acto concreto, no hay una conducta determinada de mi asistido dirigida a obstaculizar el proceso. Hay conjeturas. Y con las conjeturas no se restringe a nadie”, sostuvieron.
La resolución judicial sobre estos pedidos podría redefinir el futuro inmediato de Piccirillo, en una causa que volvió al centro de la escena pública por las derivaciones mediáticas y patrimoniales del caso.