SUBE: el Gobierno metió un polémico cambio que licuaría la Tarifa Social

El Gobierno nacional oficializó un cambio en el esquema de financiamiento de la Tarifa Social Federal para los usuarios de la tarjeta SUBE.

A través de la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se estableció un nuevo mecanismo para calcular el descuento que financia el Estado nacional, con el objetivo de dar mayor previsibilidad al sistema y ordenar el uso de los recursos públicos.

La medida no modifica el porcentaje del beneficio ni el universo de personas alcanzadas. Los beneficiarios continuarán accediendo a un descuento del 55% en el transporte público mediante una tarjeta SUBE personalizada con el atributo social correspondiente.

La principal novedad es que ese descuento dejará de calcularse automáticamente sobre las tarifas que cada provincia o municipio vaya actualizando y pasará a determinarse sobre una "tarifa de referencia" fijada por el Estado nacional.

Qué cambia con la nueva resolución

Hasta ahora, el aporte nacional destinado a financiar la Tarifa Social Federal se calculaba tomando como base la tarifa vigente en cada servicio de transporte.

Como los aumentos del boleto eran definidos por provincias, municipios o autoridades locales, cada actualización impactaba de manera automática en el monto que debía cubrir el Estado nacional.

Con la nueva resolución, ese mecanismo cambia. Desde este miércoles, el descuento del 55% continuará vigente, pero se calculará sobre una tarifa de referencia previamente determinada por la Secretaría de Transporte.

En el caso de los servicios provinciales y municipales, se tomarán como referencia las tarifas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026.

Para los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, la referencia será la establecida por los valores que regían desde junio.

Cómo funcionará el nuevo sistema

En la práctica, los usuarios seguirán recibiendo el descuento del 55%, aunque el aporte que realizará el Estado nacional tendrá un límite basado en la tarifa de referencia.

Esto significa que, si una provincia o un municipio decide aumentar el valor del boleto por encima de esa referencia, el incremento adicional ya no modificará automáticamente el monto del subsidio nacional.

De esta manera, el Estado nacional fija un parámetro único para calcular el beneficio independientemente de las decisiones tarifarias que adopte cada jurisdicción.

La resolución aclara que este mecanismo no impide que provincias, municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorguen descuentos superiores o incluso gratuidad en determinados servicios.

En esos casos, las administraciones locales podrán seguir utilizando el sistema SUBE para aplicar esos beneficios, aunque deberán financiarlos con recursos propios.

El beneficio continúa para más de 5,5 millones de personas

La Secretaría de Transporte remarcó que la medida no elimina ni reduce la Tarifa Social Federal.

Según informó el Gobierno, más de 5,5 millones de personas continuarán accediendo al descuento del 55% mediante una tarjeta SUBE personalizada.

Entre los beneficiarios se encuentran:

• Jubilados y pensionados.
• Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
• Beneficiarios de asignaciones sociales.
• Personal de casas particulares.
• Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Para acceder al beneficio seguirá siendo obligatorio contar con una tarjeta SUBE registrada y con el atributo social habilitado.

Por qué el Gobierno decidió modificar el sistema

La Secretaría de Transporte explicó que la decisión responde a la creciente diversidad de aumentos tarifarios aplicados por provincias y municipios durante los últimos meses.

Como cada jurisdicción define su propia política tarifaria, las actualizaciones comenzaron a producir incrementos automáticos en el monto que el Tesoro Nacional debía destinar para financiar la Tarifa Social Federal, aun cuando esas decisiones no eran tomadas por el Gobierno nacional.

Según el análisis técnico realizado por el organismo, esa dinámica dificultaba prever el gasto público y complicaba la administración del sistema.

Por ese motivo, la resolución incorpora un criterio uniforme que permita calcular el beneficio sobre parámetros previamente definidos.

En la práctica, si las administraciones provinciales deciden un aumento del boleto, significará una licuación de la tarifa social en términos reales.