En pleno mundial, el Gobierno acelera la "Ley Antibarras"

El Gobierno nacional vuelve a poner la seguridad en el centro de la agenda parlamentaria con el inicio del tratamiento de la denominada ley Antibarras en la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, comenzará a debatirse en la Comisión de Legislación Penal y representa uno de los principales proyectos del Poder Ejecutivo en materia de lucha contra el delito organizado.

La reunión fue convocada para el mediodía por la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, y contará con la presencia de funcionarios de la cartera que conduce Patricia Bullrich, quienes expondrán los alcances de la propuesta y responderán consultas de los legisladores.

El proyecto busca modificar el Código Penal para incorporar una figura específica destinada a perseguir a las barrabravas como organizaciones criminales. Según la iniciativa, estos grupos ya no actúan únicamente dentro de los estadios, sino que desarrollan actividades ilícitas permanentes vinculadas con distintos negocios ilegales y episodios de violencia.

Barrabravas como organizaciones criminales

Uno de los ejes centrales del texto es la creación de un nuevo tipo de asociación ilícita que permita agravar las penas para quienes integren barrabravas y participen en delitos relacionados con espectáculos deportivos.

El proyecto sostiene que la legislación vigente resulta insuficiente para investigar y sancionar estructuras que poseen organización, financiamiento y permanencia en el tiempo, por lo que propone otorgar mayores herramientas a la Justicia para desarticular estos grupos.

Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es atacar no solo a los integrantes de las barras, sino también sus fuentes de financiamiento y las redes que les permiten sostener su funcionamiento.

También alcanza a dirigentes de clubes

La iniciativa incorpora, además, sanciones penales para dirigentes, autoridades o personas vinculadas a instituciones deportivas que mantengan relaciones con las barrabravas.

En ese sentido, prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes entreguen entradas, faciliten recursos económicos o cualquier otro beneficio que contribuya al funcionamiento de estas organizaciones.

El proyecto también endurece las penas para distintos delitos cometidos durante los espectáculos deportivos, entre ellos los daños a instalaciones, la portación de armas blancas u objetos contundentes, el ingreso con materiales inflamables o tóxicos y la tenencia de armas de fuego o explosivos.

Asimismo, incorpora sanciones específicas para la reventa ilegal de entradas y otras maniobras vinculadas con la organización de los eventos deportivos, como parte de una estrategia destinada a desarticular la estructura económica que sostiene a las barrabravas.

Con el inicio del debate en comisión, el oficialismo busca reactivar una agenda legislativa centrada en la seguridad pública, uno de los ejes que el Gobierno pretende volver a instalar en el Congreso durante el segundo semestre del año.