Diez provincias del norte del país le pusieron un freno público al Gobierno nacional en materia vial. En el marco de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande -el organismo que agrupa legisladores del NOA y el NEA- los representantes de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones aprobaron un documento que exige el fin del "ahogo financiero" a Vialidad Nacional y el ingreso directo de los fondos del impuesto al combustible a ese organismo.

El reclamo lo impulsó el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que denuncia que el Gobierno retiene de forma ilegal fondos que por ley deben ir al mantenimiento de las rutas. Según el gremio, durante 2024 y 2025 se acumularon más de 1.000 millones de pesos retenidos, más un remanente de 0,6 billones de años anteriores.
"Desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar", dijo Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato. "Es decidir que el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país".
Cuando cualquier argentino carga nafta o gasoil, una parte de lo que paga va a un fondo específico llamado SISVIAL -el Sistema de Infraestructura Vial-. Ese dinero existe por ley y tiene un destino fijo: el mantenimiento, la planificación y la construcción de las rutas nacionales a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El problema es que el gobierno de Javier Milei no transfiere ese dinero a Vialidad. Lo retiene en el Ministerio de Economía. En el primer bimestre de 2025, por ejemplo, de los 600.000 millones de pesos recaudados por estos impuestos, Vialidad solo recibió 18.000 millones, cuando le correspondían 86.000 millones.
Para el gremio, eso es ilegal. Para el Gobierno, es parte del ajuste del gasto público.
En julio de 2025, el Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Manuel Adorni, en ese entonces vocero presidencial, lo presentó como el fin de "la corrupción en la obra pública". Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, lo enmarcó dentro del plan de reducción del Estado.
⭕Adorni aseguró que con la decisión de Milei, de cerrar Vialidad Nacional, "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada" pic.twitter.com/pgRQYFMwfx
— El Destape (@eldestapeweb) July 7, 2025
Las funciones de Vialidad fueron repartidas entre distintas áreas:
Unos 5.184 empleados de Vialidad pasaron a "libre disponibilidad", es decir, sin puesto fijo garantizado.
Al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas. En mayo recibió 20 ofertas para concesionar otros 3.900 kilómetros adicionales en ocho corredores que atraviesan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. El esquema no prevé subsidios del Estado: los privados cobran peaje y se financian solos.
El documento aprobado en la sesión plenaria tiene dos puntos concretos:
El Parlamento del Norte Grande no tiene poder ejecutivo: no puede obligar al Gobierno nacional a hacer nada. Pero sí puede presionar políticamente y llevar el reclamo al Congreso, donde los legisladores de estas diez provincias tienen peso real: representan el 42% del Senado y el 25% de Diputados.
Aleñá resumió lo que significó el respaldo: "Volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse".
TM