Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados propone expresar el "más enérgico repudio" a una publicación realizada por el asesor presidencial Santiago Caputo en la red social X, donde volvió a utilizar el término "mogólico" como descalificación en el marco de un intercambio político.
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional kirchnerista Santiago Luis Roberto, quien sostiene que el uso reiterado de esa expresión constituye una manifestación discriminatoria hacia las personas con discapacidad intelectual y resulta incompatible con los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos e inclusión.
El proyecto busca que la Cámara de Diputados manifieste institucionalmente su rechazo a ese tipo de expresiones y reafirme su compromiso con una comunicación pública basada en el respeto y la no discriminación.
El texto propone que la Cámara de Diputados exprese "su más enérgico repudio" a la publicación realizada por Santiago Caputo el pasado 28 de junio en su cuenta de X.
Según los fundamentos de la iniciativa, el asesor presidencial utilizó nuevamente la palabra "mogólico" como un insulto durante una discusión política, algo que el legislador considera una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual.
Para el autor del proyecto, el empleo de ese término en sentido peyorativo "reproduce estereotipos, promueve la estigmatización y refuerza prejuicios" que afectan a un colectivo históricamente expuesto a situaciones de discriminación.
Me gustaría saber quién es el mogolico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son.
— Santi C. (@slcaputo) June 28, 2026
Entre los argumentos del proyecto se menciona el pronunciamiento de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que cuestionó públicamente la utilización de la palabra "mogólico" como insulto.
De acuerdo con la iniciativa, la entidad recordó que ese tipo de expresiones resultan ofensivas para las personas con síndrome de Down y sus familias, además de contribuir a naturalizar un lenguaje discriminatorio.
El proyecto también remarca que el síndrome de Down "no constituye una enfermedad ni un padecimiento, sino una condición genética", por lo que utilizar términos asociados a esa condición para descalificar a otras personas implica reforzar representaciones negativas sobre la discapacidad.
Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta al nivel de responsabilidad que tienen quienes ocupan cargos públicos o ejercen una fuerte influencia sobre la opinión pública.
Según los fundamentos, "quienes ejercen responsabilidades públicas tienen un deber reforzado de promover el respeto por la dignidad de todas las personas y de contribuir a un debate público libre de expresiones discriminatorias".
Además, sostiene que cuando ese tipo de manifestaciones provienen de dirigentes o funcionarios con alta exposición pública existe un mayor riesgo de que esas expresiones sean naturalizadas en el debate social.

La iniciativa recuerda que Argentina incorporó a su legislación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 26.378 y posteriormente dotada de jerarquía constitucional por la Ley 27.044.
Ese tratado internacional establece la obligación de los Estados de combatir los estereotipos, los prejuicios y toda práctica discriminatoria hacia las personas con discapacidad.
En ese marco, el diputado sostiene que el lenguaje utilizado por funcionarios y referentes políticos "no resulta indiferente", ya que puede influir en la construcción de las representaciones sociales y favorecer o desalentar conductas discriminatorias.
En los fundamentos también se advierte sobre el crecimiento de expresiones ofensivas en el debate político, especialmente a través de las redes sociales.
El proyecto reconoce que la libertad de expresión constituye un pilar esencial del sistema democrático, aunque sostiene que ello no impide cuestionar el uso de términos considerados discriminatorios cuando provienen de personas con responsabilidades institucionales.
"Las palabras no son neutrales", afirma el texto, al sostener que determinadas expresiones contribuyen a normalizar formas de violencia simbólica incompatibles con una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad.