Alemania persigue a acusados del genocidio de Ruanda tres décadas después

Un hombre puede vivir durante años a miles de kilómetros del lugar donde ocurrió una masacre y, aun así, terminar detenido por esos crímenes décadas después. Eso es lo que acaba de ocurrir en Alemania, donde fue arrestado un ciudadano germano ruandés acusado de haber participado en el genocidio contra los tutsis en Ruanda, una de las matanzas más brutales del siglo veinte.

El sospechoso, identificado como Innocent S. por las normas de privacidad alemanas, fue detenido en el estado de Hesse. La acusación sostiene que durante 1994 trabajaba como asistente del alcalde de Kayove, en el noroeste de Ruanda, y que desde ese lugar de poder habría ordenado la muerte de 25 personas tutsis en cinco episodios distintos.

El caso incluye una acusación especialmente grave: los investigadores afirman que en una de esas matanzas el hombre no solo habría dado órdenes, sino que también habría participado directamente al apuñalar a una víctima en el pecho. Además, lo señalan por haber impulsado discursos de exterminio y por haber colaborado en la confección de listas con nombres de personas que luego fueron perseguidas.

Por qué Alemania puede intervenir

La pregunta central es inevitable: ¿cómo puede Alemania juzgar un crimen cometido hace más de 30 años en África? La respuesta está en el principio de jurisdicción universal, una herramienta del derecho internacional que permite investigar y juzgar delitos considerados tan graves que afectan a toda la humanidad.

Ese principio se aplica en casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y torturas. La lógica es simple: algunos hechos son tan extremos que ningún país debería convertirse en refugio seguro para sus responsables, aunque las víctimas, los acusados y el escenario del crimen no sean locales.

La Justicia de Alemania aplica el principio de jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad aunque hayan sido cometidos fuera de su territorio.

Alemania ya utilizó esta vía en otros procesos vinculados a Ruanda. Uno de los antecedentes más importantes fue el de Onesphore Rwabukombe, un exalcalde ruandés condenado a prisión perpetua en 2015 por su rol durante el genocidio. Ese fallo marcó un precedente fuerte para las investigaciones que aún continúan.

Cien días de horror

El genocidio de Ruanda comenzó en abril de 1994, después del derribo del avión en el que viajaba el presidente Juvénal Habyarimana. En cuestión de horas, grupos extremistas hutus activaron una maquinaria de exterminio contra la población tutsi y contra hutus moderados que se oponían a la violencia.

Durante unos 100 días, más de 800.000 personas fueron asesinadas. Muchas murieron en iglesias, escuelas, rutas y centros comunitarios donde habían buscado refugio. Las matanzas fueron ejecutadas por milicias, soldados, autoridades locales y civiles alentados por una propaganda feroz que llamaba a eliminar a los tutsis.

Las listas de vecinos, los controles en las rutas y los mensajes de odio difundidos por radio fueron parte clave del mecanismo de persecución. Por eso, décadas después, los investigadores siguen mirando no solo a los grandes jefes políticos o militares, sino también a funcionarios locales que habrían organizado ataques en pueblos y comunas.

Uno de los lugares donde se preservan objetos y restos de las víctimas para mantener viva la memoria del genocidio y promover la educación sobre aquellos hechos.

Una búsqueda que no terminó

Tras el genocidio, muchos sospechosos escaparon de Ruanda y se instalaron en distintos países. Algunos reconstruyeron sus vidas en Europa, obtuvieron residencia o ciudadanía y pasaron años sin enfrentar a la Justicia. Pero los procesos no se detuvieron. Testimonios de sobrevivientes, archivos judiciales y cooperación entre países permitieron reabrir causas y ubicar a personas acusadas de haber participado en las matanzas.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por Naciones Unidas, acusó a 93 personas y condenó a 62 durante sus años de funcionamiento. Sin embargo, la dimensión del genocidio fue tan grande que la búsqueda de responsables continuó incluso después del cierre de ese tribunal.

El arresto de Innocent S. vuelve a mostrar que, para los crímenes más graves, el paso del tiempo no siempre alcanza para borrar la responsabilidad. Tres décadas después, el genocidio de Ruanda sigue llegando a los tribunales europeos y deja una advertencia clara: ningún país debería ser un escondite seguro para quienes participaron en una masacre.