La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves los últimos recursos de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad: los condenados deben devolver $685.000 millones al Estado. La decisión la firmaron los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y cierra el último planteo que quedaba pendiente sobre el monto.
Con este fallo, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) puede avanzar en la ejecución patrimonial: tasar, rematar y transferir los bienes de los condenados hasta cubrir esa cifra. El proceso ya comenzó con algunos inmuebles en el sur del país.
La pregunta que surge de inmediato es concreta: ¿qué le pueden sacar a Cristina Kirchner?

El TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes en total. La mayoría son de Lázaro Báez —84 inmuebles en Santa Cruz y Chubut— pero la lista incluye propiedades directamente vinculadas a la ex presidenta y su familia:
El fiscal Diego Luciani presentó un pedido adicional que todavía no fue resuelto: el decomiso de otros 144 bienes. Esta segunda tanda incluye el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de San Telmo, donde Cristina Kirchner cumple hoy su arresto domiciliario.
También está incluido en ese listado el pedido de decomiso de los 5 millones de dólares que pertenecen a Florencia Kirchner.
Esos bienes no pueden ejecutarse todavía: la Corte Suprema debe resolver los recursos que aún están pendientes sobre esta segunda tanda antes de que el tribunal pueda avanzar.
El decomiso es una consecuencia penal de la condena: el Estado le quita a los condenados los bienes que se consideran producto o ganancia del delito. No es una multa ni una deuda civil: es una medida penal directa.
Una vez decomisados, los bienes pasan a ser administrados por la Corte Suprema, que decide su destino. Las opciones son:
El dinero que se obtenga de las subastas ingresa como recurso propio del Poder Judicial.
El monto original del decomiso fue fijado en diciembre de 2022, cuando el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión: $84.835 millones. Esa cifra se calculó en base a los sobreprecios cobrados por el Grupo Austral de Lázaro Báez en 51 licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Cuando la condena quedó firme en junio de 2025, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte actualizó el monto usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado fue $684.990.350.139,86.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó tanto el carácter "provisorio" del monto original como la elección del IPC para actualizarlo. La Cámara Federal de Casación rechazó esos planteos. Hoy la Corte Suprema hizo lo mismo.
Todos los condenados responden solidariamente por esa cifra: si los bienes de uno no alcanzan, se ejecutan los del siguiente.
Además de Cristina Kirchner y Báez, la causa tiene otros siete condenados:
Si los bienes de los primeros en la lista no alcanzan para cubrir los $685.000 millones, el TOF 2 puede avanzar sobre los patrimonios de estos condenados.
El fallo de hoy es un paso importante, pero no cierra todo el proceso. Quedan pendientes:
TM