Un informe del MPF detectó más consultas por cuota alimentaria y tenencia de los hijos

Antes de convertirse en expedientes judiciales, muchos conflictos familiares comienzan como una consulta en una oficina barrial. Reclamos por cuotas alimentarias impagas, disputas por la tenencia de los hijos y dificultades para acceder a derechos básicos aparecen cada vez con mayor frecuencia en las agencias territoriales de ATAJO, el dispositivo de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según un informe elaborado por la Dirección General de Acceso a la Justicia (DGAJ), entre el 1° de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026 se registraron 13.344 consultas en las 18 agencias territoriales del organismo, lo que representa un incremento del 4,5% respecto del período anterior.

El relevamiento, realizado sobre la base de información registrada en las propias agencias y en el sistema digital de gestión de casos Coirón, muestra además que la demanda se mantuvo por encima de los niveles previos durante casi todos los meses analizados, consolidando a ATAJO como una referencia cada vez más frecuente en sectores vulnerables.

La familia, en el centro de los conflictos

Durante el período relevado, ATAJO llevó adelante 21.610 instancias de intervención. Del total, el 29% correspondió a asesoramientos jurídicos, mientras que el 16% estuvo vinculado al acompañamiento y derivación de problemáticas hacia otros organismos estatales.

El informe revela que el 34% de las consultas estuvieron relacionadas con pedidos de información y orientación general, mientras que el 30% se vinculó con cuestiones de derecho de familia y otro 10% con problemáticas laborales y de seguridad social.

Dentro del universo de conflictos familiares, sobresalen especialmente las consultas por familia civil, categoría que incluye reclamos por cuota alimentaria, tenencia y responsabilidad parental, y que representó el 18% del total de las consultas. Le siguieron las vinculadas con la situación migratoria (10%) y los pedidos de información penal (6%).

El reporte advierte además que el 47% de las consultas involucró problemáticas con impacto directo en el ámbito familiar, lo que muestra que buena parte de los conflictos atendidos exceden a una persona y repercuten en grupos familiares completos.

Pobreza y burocracia, las principales barreras

El estudio también puso el foco en las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan quienes buscan asistencia. En 7 de cada 10 consultas (70%) apareció la pobreza como factor condicionante, seguida por situaciones vinculadas con niñez y adolescencia (32%) y cuestiones de género (18%).

A esto se suman obstáculos estructurales para acceder a la Justicia. Según ATAJO, en el 36% de las consultas se identificaron barreras burocráticas, en el 31% dificultades relacionadas con la educación legal y en el 16% limitaciones vinculadas con los costos del servicio jurídico.

El informe también detectó trabas asociadas a la mediación tecnológica y a la desconfianza en el sistema judicial, ambas con una incidencia del 6%.

En paralelo, el relevamiento mostró un fuerte aumento de los requerimientos institucionales formulados por áreas del propio Ministerio Público Fiscal. Durante el último año se registraron 664 pedidos de intervención, frente a los 359 del período anterior, lo que implica una suba interanual del 85%, fenómeno que el organismo vinculó al avance del sistema acusatorio.

Para ATAJO, la recurrencia de ciertas consultas —en particular las vinculadas con alimentos y conflictos de crianza— expone problemáticas que ya no pueden leerse como casos aislados, sino como manifestaciones de carencias estructurales que atraviesan a miles de familias en los barrios.