La diputada nacional de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, presentó un proyecto de ley que propone crear un nuevo marco regulatorio para los videojuegos que incorporan mecanismos de recompensa aleatoria con valor económico, conocidos popularmente como "cajas de botín" o "loot boxes".
La iniciativa apunta a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes mediante mayores exigencias de información, controles parentales obligatorios, sistemas de verificación de identidad y una clasificación unificada de los videojuegos comercializados en el país.
Según el texto, el objetivo es garantizar mayor transparencia en las compras realizadas dentro de los videojuegos y evitar que menores de edad efectúen gastos sin autorización o queden expuestos a mecanismos de azar sin la debida supervisión de los adultos responsables.
El proyecto define a las "cajas de botín" como cualquier mecanismo incorporado dentro de un videojuego que entregue objetos, ventajas, personajes o contenidos virtuales de manera aleatoria a cambio de un pago.
Ese pago podrá realizarse tanto con dinero de curso legal como mediante monedas virtuales, créditos o activos digitales previamente adquiridos con dinero real.
Para la autora de la iniciativa, estos sistemas representan una modalidad de microtransacciones que puede generar importantes gastos para los usuarios sin que exista información suficiente sobre las probabilidades reales de obtener cada recompensa.
En los fundamentos del proyecto sostiene que "los usuarios adquieren estos dispositivos virtuales sin conocer de forma clara y visible las probabilidades reales de obtener el beneficio esperado", situación que, según argumenta, afecta el derecho de los consumidores a recibir información adecuada.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en establecer un sistema oficial de clasificación etaria para todos los videojuegos comercializados en Argentina.
La iniciativa adopta cinco categorías:
Los desarrolladores, distribuidores y comercializadores deberán exhibir esa clasificación de forma visible junto con información específica sobre el contenido del videojuego.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la incorporación obligatoria de sistemas de validación digital de identidad.
Las plataformas que permitan crear cuentas de usuario o realizar compras deberán implementar mecanismos que permitan verificar la edad del jugador.
Además, toda cuenta utilizada por menores deberá contar con autorización del adulto responsable.
La propuesta también establece que las billeteras digitales y plataformas de pago utilizadas para adquirir videojuegos o contenidos adicionales deberán incorporar controles parentales que informen cada compra realizada por niñas, niños y adolescentes.
Incluso plantea que esos mecanismos estén activados de manera predeterminada y no puedan ser deshabilitados por el propio menor.
El proyecto también obliga a que todos los videojuegos informen claramente determinadas características antes de su compra.
Entre ellas deberán indicar:
La iniciativa sostiene que estas advertencias buscan fortalecer los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y brindar mayor transparencia sobre el funcionamiento de cada videojuego.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto propone modificar el artículo 174 del Código Penal.
La iniciativa incorpora un nuevo inciso para castigar a quien "defraudare a una persona menor de edad o incapaz, declarado o no, utilizando medios y/o sistemas electrónicos".
En los fundamentos, Giudici sostiene que numerosos menores realizan pagos reiterados mediante billeteras virtuales o plataformas digitales sin autorización de sus familias, situación que considera merece una protección penal específica debido a la vulnerabilidad de los usuarios.
Según Giudici, el crecimiento del mercado del entretenimiento digital obliga a actualizar la legislación para responder a nuevas formas de consumo dentro de los videojuegos.
La diputada argumenta que las microtransacciones aleatorias pueden generar perjuicios económicos para las familias cuando los menores realizan compras sin supervisión y considera que el Estado debe garantizar "un entorno digital seguro, transparente y previsible para las familias argentinas".
El proyecto también declara que la venta de cajas de botín y otros mecanismos de azar dentro de los videojuegos constituye una actividad comercial digital sujeta a una protección especial del Estado, en línea con la legislación de defensa del consumidor y con el Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur.
En caso de avanzar en el Congreso, la iniciativa establecería por primera vez en Argentina un marco legal específico para regular las compras aleatorias dentro de los videojuegos, combinando obligaciones de transparencia para las empresas, mayores controles parentales y nuevas herramientas de protección para niñas, niños y adolescentes.