Cupo de jubilados: el polémico proyecto K que cambiaría las elecciones

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para incorporar un nuevo requisito en la conformación de las listas de candidatos para cargos legislativos nacionales.

La iniciativa propone que al menos el 10% de los postulantes sean personas jubiladas, independientemente del régimen previsional al que pertenezcan.

El proyecto lleva las firmas de Carlos Castagneto, Mario Manrique, Cecilia Moreau y Lorena Pokoik, y plantea modificar el Código Nacional Electoral para incorporar un nuevo criterio obligatorio al momento de oficializar las listas.

De aprobarse, la propuesta sumaría un nuevo condicionamiento a los que ya existen actualmente para el armado de las nóminas de candidatos.

Qué establece el proyecto

La iniciativa incorpora un segundo párrafo al artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.

Allí establece que los partidos políticos y alianzas electorales deberán incluir personas jubiladas "en un mínimo del diez por ciento (10%) de los candidatos a los cargos a elegir tanto para candidaturas titulares como suplentes".

El texto aclara que podrán integrar ese cupo quienes perciban una jubilación, cualquiera sea el régimen previsional al que pertenezcan, ya sea nacional o provincial.

De esta manera, la obligación alcanzaría tanto a las listas de candidatos titulares como a las suplencias.

Un nuevo requisito para conformar las listas

Actualmente, el Código Nacional Electoral ya impone restricciones sobre la integración de las listas mediante el régimen de paridad de género.

Desde la sanción de la Ley 27.412, las listas deben confeccionarse respetando la alternancia entre mujeres y varones, es decir, los candidatos deben ubicarse de manera intercalada para garantizar la equidad de género.

Si este proyecto prosperara en el Congreso, las fuerzas políticas deberían cumplir además con un nuevo requisito: reservar al menos el 10% de las candidaturas para personas jubiladas.

Esto implicaría incorporar un criterio adicional al momento de diseñar las listas electorales, sumándose a las exigencias vigentes en materia de paridad.

Los argumentos de los autores

En los fundamentos del proyecto, los diputados sostienen que el envejecimiento de la población argentina hace necesario ampliar la representación de las personas mayores dentro de los ámbitos legislativos.

"La población de adultos mayores debe encontrarse representada en ámbitos institucionales de decisiones deliberativas del Poder Legislativo Nacional", señala el texto.

Los autores consideran que las personas jubiladas constituyen un sector con intereses y problemáticas propias que merece una representación específica dentro del Congreso.

Además, sostienen que el incremento sostenido de la expectativa de vida obliga a adaptar las instituciones a una nueva realidad demográfica.

Según argumentan, la presencia de personas jubiladas aportaría "experiencia y sabiduría", además de una mirada directa sobre cuestiones vinculadas a las condiciones de vida, la salud y el sistema previsional.

Qué antecedentes menciona la iniciativa

El proyecto recuerda que Argentina ya incorporó mecanismos de acción afirmativa para garantizar una representación más amplia en las listas electorales.

En ese sentido, menciona la histórica Ley de Cupo Femenino de 1991, que establecía un piso del 30% de mujeres candidatas, y la posterior Ley de Paridad de Género de 2017, que reemplazó ese sistema por la obligación de alternar mujeres y varones en todas las listas.

También señala que durante el debate de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe se analizó la posibilidad de incorporar un cupo para personas mayores en las candidaturas legislativas, aunque finalmente esa propuesta no fue incluida en el texto definitivo.

Representación de una población cada vez más numerosa

Entre los fundamentos, los legisladores citan datos demográficos que muestran el crecimiento de la población adulta mayor en Argentina.

Afirman que el aumento de la esperanza de vida y la mayor proporción de personas mayores justifican la creación de mecanismos que favorezcan su participación política efectiva.

Asimismo, invocan la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho de ese sector a participar plenamente en la vida política y pública, incluyendo la posibilidad de ser elegido para cargos representativos.