Cruce político
03/07/2026 - Edición Nº1242
Política
Seguridad
Tenencia ilegal de armas: el límite clave que te deja afuera del beneficio
03/07/2026 | Un informe de la UFIARM analizó el nuevo régimen que permitirá regularizar armas sin registrar.
Fiscales advierten que no hay que hacer un "borrón y cuenta nueva" en el blanqueo de armas no registradas.
El nuevo régimen de regularización de armas de fuego promovido por el Gobierno de Javier Milei ya comenzó a generar sus primeras interpretaciones dentro del sistema judicial. A pocos días de su entrada en vigencia, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego (UFIARM) difundió un informe en el que delimita el alcance de la Ley 27.805 y advierte que la amnistía prevista por la norma será de aplicación restringida.
La ley, que comenzará a regir el próximo 18 de julio, busca incorporar al registro oficial miles de armas de uso civil y de uso civil condicional que hoy permanecen fuera del sistema. Sin embargo, los fiscales remarcaron que la regularización no implica una "borrón y cuenta nueva" para cualquier situación vinculada con armas de fuego.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) vuelve a ser el Registro Nacional de Armas (RENAR). pic.twitter.com/wPvsBrNnZX
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 1, 2025
El Gobierno busca sacar las armas de la informalidad
La iniciativa forma parte de la política de reordenamiento impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y apunta a que quienes posean armas sin registrar puedan declararlas voluntariamente e iniciar el trámite para incorporarlas al Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC tras la reforma institucional dispuesta el año pasado.
La intención oficial es ampliar el universo de armas registradas y fortalecer los mecanismos de control estatal sobre un mercado donde durante años coexistieron armas legales con otras que nunca fueron declaradas o cuya documentación perdió vigencia.
Para acceder al beneficio será necesario cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos, además de iniciar el trámite antes de que exista una imputación penal por la tenencia ilegal del arma.
La advertencia de la UFIARM
El informe elaborado por la unidad especializada, a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva, aclara que la ley sólo alcanza a personas humanas y deja afuera a empresas, personas jurídicas, municiones, explosivos, armas de guerra y otros materiales controlados. Además, subraya que el beneficio penal previsto por la ley tiene un alcance mucho más reducido de lo que podría interpretarse a primera vista.
La exención únicamente alcanza a quienes informen espontáneamente la existencia del arma e inicien el trámite de regularización antes de haber sido imputados por la tenencia ilegal. Si la investigación judicial ya comenzó, la posibilidad de acceder a esa protección desaparece. Los fiscales también señalaron que la norma no resuelve expresamente qué ocurre cuando una persona obtiene la condición de legítimo usuario después de haber sido imputada, un vacío legal que probablemente deba ser resuelto por los tribunales caso por caso.
No alcanza para borrar otros delitos
Uno de los principales mensajes del informe judicial es que la regularización no extingue automáticamente cualquier responsabilidad penal vinculada con armas de fuego. La UFIARM sostuvo que continuarán siendo investigados delitos como la portación ilegal, el contrabando, el acopio, la falsificación documental, la entrega indebida o cualquier otro hecho delictivo en el que un arma haya sido utilizada.
Tampoco quedarán comprendidas aquellas armas que tengan pedido de secuestro, hayan sido utilizadas en hechos criminales o pertenezcan a terceros. En esos casos, la Justicia podrá ordenar el secuestro del material y continuar con las investigaciones correspondientes.
El desafío de una ley que recién empieza
La interpretación difundida por la UFIARM constituye el primer análisis institucional sobre una norma que comenzará a ser aplicada en las próximas semanas y que promete abrir numerosos debates judiciales.
Aunque el objetivo del Gobierno es incorporar armas al circuito legal y ampliar los controles estatales, serán finalmente los jueces quienes definirán el alcance concreto del régimen, especialmente en aquellos casos donde existan investigaciones penales en curso o situaciones no previstas expresamente por la ley.
La implementación del nuevo esquema será seguida de cerca tanto por la Justicia como por el Ministerio de Seguridad, ya que marcará el verdadero alcance de una de las reformas más sensibles impulsadas por la administración de Javier Milei en materia de política criminal y control de armas.
