Tarifa Social: el cambio en la SUBE llegó al Congreso con un duro proyecto K

La diputada nacional Caren Tepp presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar la "profunda preocupación y rechazo" a la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, mediante la cual el Gobierno nacional modificó el mecanismo de cálculo de la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.

La iniciativa sostiene que la nueva normativa implica un retroceso en el acceso a derechos, ya que elimina la actualización automática del subsidio frente a los aumentos del boleto y reemplaza ese esquema por una tarifa de referencia fija. En ese marco, la legisladora también exhorta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto la medida.

Qué plantea el proyecto de Caren Tepp

El texto impulsado por Tepp propone que la Cámara de Diputados manifieste su rechazo a la Resolución 40/2026 por considerar que modifica de manera perjudicial el funcionamiento del beneficio destinado a millones de usuarios del transporte público.

En concreto, el proyecto expresa "su profunda preocupación y rechazo a la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte del gobierno de la nación, que elimina la variación automática en el reconocimiento del atributo social ante actualizaciones tarifarias, e incorpora el establecimiento de tarifas de referencia".

Además, la legisladora santafecina solicita "exhortar al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución antes mencionada por plasmar un retroceso en materia de acceso a derechos".

Qué cambió el Gobierno con la Tarifa Social SUBE

La polémica surgió luego de que la Secretaría de Transporte publicara la Resolución 40/2026, que mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, pero modifica la forma en que el Estado nacional calcula el aporte que financia ese beneficio.

Hasta ahora, el descuento se actualizaba automáticamente cada vez que una provincia o municipio incrementaba el valor del boleto. Con el nuevo esquema, el porcentaje del beneficio continúa siendo del 55%, pero se aplica sobre una "tarifa de referencia" fijada por el Gobierno nacional.

Para los servicios provinciales y municipales, esa referencia quedó congelada en los valores vigentes al 30 de junio de 2026. En consecuencia, si una jurisdicción aumenta posteriormente el precio del pasaje, el aporte nacional ya no crecerá en la misma proporción, lo que reduce el peso real del subsidio sobre el valor final del boleto.

Desde el Ejecutivo argumentaron que el objetivo es otorgar mayor previsibilidad al gasto público y evitar que decisiones tarifarias tomadas por provincias o municipios generen incrementos automáticos en las erogaciones del Tesoro Nacional.

Los argumentos de la diputada

En los fundamentos del proyecto, Tepp repasa la evolución del sistema SUBE y recuerda que el beneficio social fue ampliándose con el paso de los años hasta alcanzar el descuento actual del 55%.

La diputada sostiene que el cambio dispuesto por el Gobierno "significa un gran retroceso y un perjuicio para los usuarios", ya que "al eliminar la variación automática en el reconocimiento del atributo social ante actualizaciones tarifarias, el impacto del descuento podría disminuir notablemente".

Según la legisladora, aunque formalmente el porcentaje del beneficio permanece sin modificaciones, en la práctica los usuarios podrían terminar pagando una proporción mayor del boleto a medida que aumenten las tarifas del transporte.

El recorrido de la Tarifa Social SUBE

El proyecto también reconstruye la historia del sistema. Recuerda que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) comenzó a implementarse en 2009 mediante el Decreto 84/09 y que posteriormente se extendió a las principales ciudades del país.

Asimismo, destaca que en 2012 se creó la Tarifa Social Federal mediante la Resolución 975/2012, destinada a facilitar el acceso al transporte público para distintos sectores vulnerables.

Entre los beneficiarios se encuentran:

• Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
• Asignación por Embarazo.
• Becas Progresar.
• Jubilados y pensionados.
• Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
• Personal de casas particulares.
• Monotributistas sociales.
• Beneficiarios de prestaciones por desempleo.
• Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
• Pensiones No Contributivas.
• Beneficiarios de programas del Ministerio de Capital Humano.

Críticas por el impacto en las provincias

Otro de los ejes del proyecto apunta al efecto que, según Tepp, tendrá la resolución sobre los sistemas de transporte del interior del país.

La diputada afirma que esta modificación profundiza el retiro del financiamiento nacional iniciado con otras decisiones del Gobierno, como la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y la Resolución 28/2026, que dejó sin efecto compensaciones destinadas al traslado gratuito interjurisdiccional de personas con discapacidad, pacientes oncopediátricos y personas trasplantadas. La gratuidad seguirá pero deberán hacerse cargo las empresas.

En ese sentido, advierte que la disminución de recursos "debilita los sistemas de transporte públicos de las provincias e impacta directamente en los bolsillos de los usuarios".