Jefatura de Gabinete
04/07/2026 - Edición Nº1243
Política
Causa Vialidad
Cristina Kirchner busca frenar el decomiso de sus bienes con una nueva ofensiva judicial
04/07/2026 | La expresidenta recurrió otra vez a la Justicia tras la ratificación del decomiso por casi $685.000 millones en la causa Vialidad.
La presencia de Carlos Bianco en un acto por los 130 años del Partido Socialista desató especulaciones sobre un posible acercamiento con Axel Kicillof.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la ejecución del decomiso de sus bienes en la causa Vialidad, luego de que el máximo tribunal rechazara los planteos de nulidad y dejara firme la actualización del monto que deberán afrontar los condenados, fijado en $684.990 millones. La estrategia judicial también fue adoptada por el empresario Lázaro Báez, otro de los principales condenados en el expediente.
La decisión de la Corte representa un nuevo revés para la ex mandataria, ya que confirmó la actualización del decomiso originalmente establecido por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que había fijado una suma cercana a los $85.000 millones y que, tras la actualización, se multiplicó hasta alcanzar casi $685.000 millones.
Qué bienes podrían quedar alcanzados
La causa ingresó ahora en una etapa decisiva: la ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso aparecen inmuebles de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles y otros activos vinculados a las empresas de la familia que forman parte de los expedientes judiciales.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, intenta además excluir del proceso bienes pertenecientes a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al sostener que no existe evidencia que vincule ese patrimonio con los hechos investigados en la causa.
Uno de los argumentos centrales del recurso es cuestionar el alcance del decomiso y evitar que la ejecución avance sobre bienes que, según la defensa, no guardan relación con los delitos por los cuales fue condenada la ex mandataria.
La etapa final de una de las causas más importantes
La causa Vialidad se convirtió en uno de los expedientes por corrupción de mayor impacto político e institucional de las últimas décadas. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por las irregularidades detectadas en 51 contratos de obra pública adjudicados en Santa Cruz durante sus gobiernos.
Esa sentencia fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema, que rechazó los últimos recursos extraordinarios presentados por la defensa.
El decomiso constituye una de las consecuencias más relevantes de la condena. Se trata del mecanismo previsto por la legislación penal para recuperar activos considerados producto o consecuencia de delitos contra el Estado, con el objetivo de reparar el perjuicio económico ocasionado.
La UIF busca intervenir y la Justicia puede seguir avanzando
Mientras continúan las presentaciones de la defensa, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes que eventualmente sean decomisados, al considerar que varios de los activos se encuentran vinculados a investigaciones por presunto lavado de dinero.
Aunque los nuevos recursos podrían extender los plazos procesales, especialistas en derecho penal sostienen que este tipo de planteos no tiene efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría continuar en paralelo con las tareas de identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes comprendidos por la sentencia.
La resolución también tiene un fuerte impacto político. Desde el entorno de Cristina Kirchner insisten en denunciar una persecución judicial y sostienen que la condena responde a una maniobra de lawfare, mientras que el oficialismo y sectores de la oposición consideran que la ratificación de las condenas representa un antecedente relevante en la lucha contra la corrupción.
Con la condena ya firme y el decomiso confirmado por la Corte, el proceso ingresó en una de sus instancias más sensibles. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en la responsabilidad penal de los condenados y pasó a enfocarse en la recuperación efectiva de los bienes que el Estado reclama como parte de la reparación económica por las maniobras investigadas en la causa Vialidad.
