05/07/2026 - Edición Nº1244

Política

Debate

Una detenida, una visita del Frente de Izquierda y presión para cambiar la ley de drogas

05/07/2026 | Desde Izquierda Socialista cuestionaron la criminalización de los usuarios de cannabis medicinal y pidieron una reforma de la legislación vigente.



La exdiputada nacional Mónica Schlotthauer visitó este viernes a Mariela Agunin en Bahía Blanca, el establecimiento penitenciario donde permanece detenida desde hace dos meses y volvió a instalar el debate sobre la legislación vinculada al cannabis medicinal. Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad reclamaron su inmediata liberación y cuestionaron la aplicación de la normativa vigente.

La recorrida fue realizada junto al diputado bonaerense Cristian Castillo y representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina. Luego participaron de una conferencia de prensa junto a familiares y allegados de la mujer detenida.

El reclamo del Frente de Izquierda

Tras la visita, Schlotthauer sostuvo que Agunin "no es una narcotraficante", sino una cultivadora de cannabis con fines medicinales, y reclamó que recupere la libertad o, al menos, que pueda atravesar el proceso judicial bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Según explicaron desde Izquierda Socialista, Agunin, de 36 años, fue detenida tras el intercambio de siete gramos de cannabis provenientes -afirman- de un cultivo autorizado mediante el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Antes de su detención trabajaba como niñera, elaboraba alimentos para complementar sus ingresos y se preparaba para concursar como instructora en un centro de formación agraria.

Críticas a la legislación vigente

La diputada también cuestionó el régimen legal que regula los delitos vinculados al cannabis y sostuvo que la normativa termina equiparando a cultivadores con fines medicinales con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

"Esta ley termina castigando a los sectores más vulnerables mientras los grandes responsables del negocio de las drogas siguen impunes", afirmó la legisladora, quien además pidió una reforma de la legislación para evitar, según planteó, la criminalización de quienes utilizan el cannabis con fines terapéuticos.

El choque normativo

Por un lado, la Ley 27.350 creó el marco regulatorio para el cannabis medicinal a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que autoriza el autocultivo, el cultivo por terceros habilitados y el transporte de cannabis dentro de los límites establecidos por la reglamentación. Sin embargo, la inscripción en ese registro no habilita la comercialización ni la entrega de cannabis a terceros fuera de los supuestos expresamente previstos.

Por otro lado, la investigación judicial se apoya en la Ley 23.737 de Estupefacientes, que permanece plenamente vigente. En su artículo 7, castiga con penas que van desde los ocho y hasta los veinte años de prisión a quienes comercialicen estupefacientes, los suministren a titulo oneroso o gratuito, o hagan lo mismo con semillas destinadas a la producción de drogas. La misma pena aplica para quienes introduzcan drogas al país -en cualquier etapa de su producción- o materia prima.

Las dos posturas en pugna

La acusación. La Justicia busca determinar si el intercambio de los siete gramos de cannabis atribuido a Agunin encuadra en esa figura penal, pese a que la sustancia habría provenido de un cultivo autorizado mediante el REPROCANN.

La defensa. Los abogados de la mujer sostienen que el cannabis provenía de un cultivo registrado y que no existió una finalidad de comercialización ni vínculos con el narcotráfico. En ese marco, consideran que la aplicación de la Ley 23.737 resulta desproporcionada y constituye una criminalización de quienes utilizan el cannabis con fines terapéuticos.

Relacionadas
Más Noticias