El Ministerio de Seguridad renovó uno de los principales instrumentos utilizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para prevenir la trata de personas.
A través de la Resolución 468/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó un nuevo "Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario", que reemplaza al vigente desde 2018 y actualiza los criterios de actuación frente a un delito que, según el propio documento oficial, modificó profundamente sus dinámicas durante los últimos años.
Uno de los cambios más importantes del nuevo protocolo es que incorpora un análisis actualizado sobre la evolución del delito de trata de personas. El Ministerio de Seguridad sostiene que las organizaciones criminales modificaron sus métodos para evitar ser detectadas, aprovechar los avances tecnológicos y adaptarse a los cambios sociales y económicos registrados durante los últimos años.
En ese sentido, el documento advierte que establecer patrones rígidos sobre cómo actúan estas redes puede resultar contraproducente, ya que la trata se caracteriza justamente por su constante transformación.
Si bien existen zonas de mayor incidencia y modalidades frecuentes, las autoridades remarcan que el delito puede presentarse en cualquier punto del país, afectar a cualquier persona y adoptar formas diferentes a las conocidas hasta el momento.
El protocolo pone especial énfasis en el crecimiento de las plataformas digitales como mecanismo de captación de víctimas.
Mientras años atrás predominaban los contactos personales o las falsas ofertas laborales difundidas por medios tradicionales, actualmente las organizaciones utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería, sitios de avisos clasificados y hasta videojuegos en línea para establecer vínculos de confianza con potenciales víctimas.
Instagram, Facebook, Telegram y WhatsApp aparecen mencionadas entre las plataformas utilizadas para contactar personas mediante falsas propuestas laborales, promesas de mejores condiciones de vida o relaciones sentimentales simuladas. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el documento también alerta sobre los riesgos presentes en los entornos virtuales de juegos, donde los tratantes pueden manipular emocionalmente a los menores, obtener material de carácter sexual o concertar encuentros presenciales.
Según el Ministerio, estas herramientas permiten a las organizaciones criminales mantener el anonimato, descentralizar sus operaciones y distribuir las distintas etapas del delito entre varios países, dificultando considerablemente las investigaciones judiciales.
Otra de las transformaciones señaladas en el nuevo protocolo es el desplazamiento de los lugares tradicionales de explotación hacia ámbitos privados.
El documento explica que muchos establecimientos que anteriormente funcionaban de manera visible fueron reemplazados por departamentos particulares o locales comerciales que aparentan desarrollar actividades legales, como centros de estética o salones de masajes.
Esta migración hacia espacios privados dificulta las tareas de detección y obliga a los investigadores a incorporar nuevos indicadores para identificar posibles situaciones de explotación.

Además de las formas tradicionales de explotación sexual y laboral, el protocolo incorpora fenómenos que comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en investigaciones recientes.
Entre ellos menciona la explotación dentro de organizaciones coercitivas, donde las víctimas son sometidas mediante manipulación psicológica, aislamiento, promesas de salvación o supuestos tratamientos espirituales.
También incorpora referencias a investigaciones sobre explotación de mujeres en contextos de gestación por sustitución utilizada con fines comerciales, modalidad que, según explica el documento, aprovecha situaciones de vulnerabilidad para obtener beneficios económicos.
A ello se suma la captación y traslado de mujeres, niños, niñas y adolescentes con fines de turismo sexual, una problemática que organismos internacionales vienen advirtiendo desde hace varios años y que ahora forma parte del nuevo protocolo aeroportuario.

El documento dedica un apartado completo a los grupos con mayor riesgo de convertirse en víctimas.
Si bien aclara que cualquier persona puede ser captada por una organización criminal, identifica como especialmente vulnerables a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas o pueblos originarios.
El Ministerio explica que estas poblaciones suelen enfrentar mayores dificultades económicas, sociales o familiares, circunstancias que son aprovechadas por las organizaciones criminales para facilitar la captación y el sometimiento.
También advierte que el aislamiento, el desarraigo, la falta de redes de contención y el desconocimiento de los propios derechos incrementan significativamente el riesgo de explotación.

El protocolo también actualiza el listado de mecanismos utilizados para controlar a las víctimas.
Entre ellos aparecen el engaño mediante falsas promesas laborales, el endeudamiento inducido, las amenazas, la violencia física y psicológica, el aislamiento social, la retención de documentación personal, el monitoreo permanente mediante aplicaciones tecnológicas, las condiciones de vida precarias y la manipulación emocional o espiritual.
En muchos casos, señala el documento, los tratantes buscan convencer a las víctimas de que denunciar sólo agravará su situación, haciéndoles creer que podrían ser deportadas, detenidas o sufrir represalias contra ellas o sus familiares.
Como parte del nuevo esquema, la resolución dispone que cada unidad operacional preventiva y compleja de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuente con oficiales referentes especializados en trata de personas.
Estos agentes deberán colaborar con el resto del personal, facilitar la aplicación uniforme del protocolo y convertirse en referentes técnicos frente a situaciones complejas.
Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual será la encargada de monitorear la implementación del nuevo sistema, promover capacitaciones, conformar mesas de trabajo y actualizar periódicamente los procedimientos cuando surjan nuevas modalidades delictivas.