El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa de la reforma del sistema registral automotor con la creación del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una iniciativa que busca reemplazar progresivamente el modelo tradicional basado en registros físicos, legajos en papel y atención presencial por un esquema completamente digital.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia y constituye el marco general que ordenará todas las reformas iniciadas desde 2024 para modernizar el funcionamiento del Registro Automotor.
Entre los principales objetivos figuran la digitalización integral de los legajos, la reducción de la cantidad de trámites, la reorganización de los Registros Seccionales y la implementación de un sistema nacional interoperable que permita realizar gestiones de manera remota.
Además, el plan confirma que el Gobierno avanzará con el cierre progresivo de alrededor de 200 Registros Seccionales intervenidos, aunque aclara que el proceso será gradual y deberá garantizar la continuidad del servicio y la seguridad jurídica.
La resolución se inscribe dentro del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno desde la aprobación del DNU 70/2023.
Desde entonces, el Ministerio de Justicia fue eliminando restricciones históricas del sistema registral, como los límites territoriales para realizar trámites, impulsó el Legajo Digital Único (LDU), el Certificado Digital Automotor (CDA), creó el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV), además de avanzar en la digitalización de numerosos procedimientos.
Con la Resolución 306/2026, todas esas medidas quedan integradas en una política pública única destinada a reorganizar por completo el sistema registral automotor.
El programa aprobado se desarrollará sobre tres grandes ejes estratégicos.
El primer eje apunta a eliminar progresivamente el soporte papel y simplificar de manera profunda los procedimientos.
El plan prevé la digitalización masiva de los legajos existentes, la incorporación de toda la documentación a repositorios electrónicos, la eliminación de formularios y requisitos innecesarios y una fuerte reducción de los tiempos de tramitación. También contempla controles de calidad sobre la documentación digitalizada para asegurar la trazabilidad y la integridad de la información.
Entre los resultados esperados figuran:

El segundo eje es uno de los más relevantes porque redefine el funcionamiento de los Registros Seccionales.
El documento sostiene que el sistema actual fue diseñado para administrar documentación física y que ese modelo pierde sentido en un entorno completamente digital.
Por ese motivo, el Ministerio de Justicia plantea reorganizar la red registral mediante:
Como parte de ese proceso, la etapa inicial alcanzará aproximadamente 200 Registros Seccionales actualmente intervenidos, cuya eventual reorganización o supresión dependerá de criterios objetivos como el volumen de trámites, la cercanía con otras oficinas, la cantidad de legajos, la capacidad operativa y la existencia de litigios judiciales.
El Gobierno aclara que no habrá cierres intempestivos y que la reorganización deberá desarrollarse de manera gradual para no afectar la continuidad del servicio.
Uno de los cambios más importantes será la redefinición del trabajo que actualmente realizan los Registros Seccionales.
Según el plan, la atención presencial, el almacenamiento documental, la emisión de documentación y numerosos controles administrativos serán reemplazados por plataformas digitales.
Como consecuencia, la principal función humana pasará a concentrarse en la denominada "calificación jurídica", es decir, el análisis especializado de los actos registrales que requieran intervención técnica.
La Dirección Nacional mantendrá facultades permanentes de supervisión, auditoría y control sobre esa actividad.

Aunque el objetivo final es un sistema predominantemente digital, el programa aclara que seguirán existiendo espacios de atención presencial.
Sin embargo, esas oficinas ya no reproducirán la estructura tradicional de los actuales registros, sino que funcionarán como centros de orientación y asistencia para personas con dificultades de acceso tecnológico o que necesiten ayuda especializada.
La reforma también modifica profundamente el papel que desempeñará la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.
En lugar de administrar una red de oficinas físicas, el organismo pasará a concentrarse en:
Además, se implementarán nuevos sistemas de monitoreo permanente, indicadores de desempeño, herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial, auditorías en tiempo real y mecanismos reforzados de ciberseguridad.
La nueva resolución establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá presentar, dentro de los próximos 30 días, un cronograma detallado para implementar el plan.
A partir de ese calendario comenzará la ejecución gradual de una reforma que el Gobierno define como una transformación estructural del sistema registral argentino.
Según las conclusiones del propio programa, el objetivo final es consolidar un Sistema Registral Automotor Digital Integrado, con trámites completamente electrónicos, menor infraestructura física, mayor interoperabilidad entre organismos y un modelo centrado en la gestión digital, sin modificar —según sostiene el Ministerio de Justicia— los principios de seguridad jurídica que históricamente caracterizaron al Registro Automotor.