09/07/2026 - Edición Nº1248

Internacionales

Derechos ambientales

Bahamas, Belice, Colombia y Panamá: las nuevas vicepresidencias de Escazú

09/07/2026 | En abril de 2026, la COP4 de Escazú en Bahamas aprobó grupos de trabajo y eligió nuevas autoridades para fortalecer la justicia ambiental.



La cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se reunió en Nassau, Bahamas, del 21 al 24 de abril de 2026. Delegados de todo el continente revisaron la implementación de este tratado que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental. Durante los cuatro días de debates se destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y aumentar la participación de las comunidades en las decisiones ambientales. El encuentro evidenció el compromiso de los países presentes con la democracia ambiental y la protección de los recursos naturales.
 
Entre las principales decisiones adoptadas en la COP4 se aprobó la creación de grupos de trabajo encargados de desarrollar un registro regional de emisiones contaminantes y de elaborar orientaciones para mejorar el acceso a la justicia ambiental. También se acordaron directrices para que cada país establezca hojas de ruta nacionales de implementación. La Conferencia eligió nuevas autoridades: Saint Kitts y Nevis asumió la presidencia y Bahamas, Belice, Colombia y Panamá ocupan las vicepresidencias hasta la próxima reunión programada para 2028. Estas medidas sientan las bases para acelerar la puesta en marcha del acuerdo en toda la región.
 
 

Las Bahamas son un archipiélago caracterizado por sus corales en el océano Atlántico. 
 

Enfoque de género y defensores

Organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientales han subrayado que la aplicación del Acuerdo debe incorporar un enfoque de género y protección a quienes defienden el territorio. Recomiendan establecer refugios seguros y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres y comunidades que enfrentan amenazas. Para los participantes, la democracia ambiental es incompatible con la violencia hacia los defensores del medio ambiente y la desigualdad de género. El llamado a la protección refuerza la noción de que la participación efectiva requiere garantizar la seguridad y el bienestar de las personas involucradas.

Además, la COP4 instó a sincronizar sus decisiones con otros procesos globales como el Acuerdo de París y el Marco de Biodiversidad de Kunming‑Montreal para potenciar la transparencia y la participación. Se consideró que la elección de nuevas autoridades provenientes del Caribe y Centroamérica ofrece la oportunidad de incorporar perspectivas diversas en la gobernanza del tratado. Las delegaciones señalaron que la cooperación regional es clave para armonizar estándares y compartir experiencias de implementación. Estas acciones buscan que el acuerdo no sea un instrumento aislado sino parte de una agenda ambiental integral.


COP4 de Escazú crea grupos de trabajo y directrices para justicia y contaminación.

Desafíos y perspectivas

Sin embargo, la cantidad de países que han ratificado el Acuerdo de Escazú sigue siendo limitada, lo que retrasa la plena vigencia del tratado. Activistas y expertos reclaman que los Estados aceleren sus procesos legislativos para sumarse formalmente al pacto. La creación de los grupos de trabajo y las hojas de ruta nacionales permitirá medir el compromiso real de cada país con los derechos ambientales. También se espera que el registro de emisiones contaminantes y las guías de acceso a la justicia mejoren la calidad y disponibilidad de la información para las comunidades.


Nuevas autoridades son elegidas y COP5 se programa para abril de 2028.

Mirando hacia la COP5, programada para 2028, se prevé que las nuevas autoridades impulsen una agenda más inclusiva y pongan en práctica las decisiones aprobadas. El desafío será transformar los compromisos en acciones tangibles que amplíen la protección de los defensores y garanticen el acceso equitativo a la información y la justicia. La evolución del Acuerdo de Escazú servirá como termómetro de la voluntad política de los gobiernos latinoamericanos para fortalecer la democracia ambiental. Su éxito dependerá de la capacidad de los países de cooperar y aprender de las experiencias de sus vecinos.