La Coalición fue creada en noviembre de 2025 para promover la negociación de un acuerdo vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) que tipifique la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre y otros delitos ambientales como crímenes graves. El objetivo es fortalecer la cooperación entre Estados y articular esfuerzos de fiscalización y justicia penal. El aumento del número de miembros refleja la creciente preocupación internacional por el impacto de estos delitos en la seguridad, la biodiversidad y los derechos humanos.
Objetivos de la coalición
Los miembros de la coalición persiguen la adopción de un marco jurídico internacional que tipifique los delitos ambientales como crímenes serios y establezca mecanismos claros de cooperación judicial y policial. Brasil, como país impulsor, ha señalado que la deforestación y el tráfico de fauna amenazan la seguridad y los derechos humanos en América Latina. La incorporación de China y Marruecos amplía el alcance geográfico de la alianza e incorpora dimensiones asiáticas y africanas, reforzando su carácter multilateral y subrayando que los crímenes ambientales no conocen fronteras.
Las organizaciones de la sociedad civil aportan conocimientos técnicos y experiencia en investigación criminal y conservación. CIPÓ y sus aliados destacan que la coalición promueve el multilateralismo en materia ambiental y busca garantizar que la lucha contra el crimen ecológico reciba la misma atención que otros delitos transnacionales. La participación de expertos independientes también puede contribuir a que el debate integre la perspectiva de las comunidades afectadas y no se limite a las prioridades estatales.
Cinco países y ocho ONG se suman a la coalición contra delitos ambientales.
Pasos futuros
Los miembros acordaron elaborar una propuesta de resolución para presentar en la próxima sesión de la Conferencia de las Partes de la UNTOC. Esta resolución aspira a iniciar negociaciones formales hacia un instrumento vinculante que harmonice legislaciones y fortalezca las capacidades de investigación y persecución penal. Para preparar el terreno, la coalición organizará talleres regionales destinados a intercambiar buenas prácticas y a identificar vacíos normativos que dificultan la cooperación.
La alianza, creada en 2025, ahora reúne 16 países y busca un acuerdo vinculante.
La ampliación de la coalición constituye un paso significativo para que la protección ambiental sea tratada como una responsabilidad compartida en el ámbito internacional. El reto será mantener la cohesión entre países con intereses y capacidades diversas y garantizar que las nuevas incorporaciones se traduzcan en acciones concretas. El éxito de la iniciativa dependerá de que los compromisos se transformen en reformas legales y en recursos destinados a fortalecer las instituciones encargadas de combatir los delitos ambientales.
