El 19 de septiembre de 2025, varios países depositaron sus instrumentos de ratificación del Acuerdo sobre Biodiversidad en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, alcanzando el umbral de 60 ratificaciones necesario para su entrada en vigor. De acuerdo con las reglas del tratado, la vigencia se produce 120 días después del depósito final, por lo que el acuerdo se volvió jurídicamente vinculante el 17 de enero de 2026. A la fecha más de 140 países han firmado el tratado y unos 80 lo han ratificado, lo que evidencia un amplio respaldo internacional.
Con la entrada en vigor del acuerdo, los países ratificantes deben promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en aguas internacionales. La normativa crea herramientas para designar áreas marinas protegidas en alta mar y establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental para nuevas actividades. También fomenta la cooperación en ciencia y tecnología marina y dispone que las actividades en alta mar cumplan normas ambientales estrictas. Se trata del primer marco legal global específicamente diseñado para proteger la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales.
América Latina o Latinoamérica es un constructo político que alude al conjunto de países de América donde predominan las lenguas romances, concretamente la española, portuguesa y francesa.
Alcances y desafíos
También conocido como BBNJ, el tratado fue adoptado en junio de 2023 y abre la vía para proteger casi la mitad del planeta que se encuentra fuera de las jurisdicciones nacionales. Sus pilares incluyen herramientas de gestión espacial como áreas marinas protegidas, normas sobre recursos genéticos marinos, mecanismos de transferencia de tecnología a países en desarrollo y evaluaciones de impacto ambiental. Expertos advierten que, aunque el instrumento es histórico, su éxito dependerá de la implementación y del apoyo financiero que los países desarrollados brinden a las naciones con menos recursos.
Las primeras reuniones de la Conferencia de las Partes deberán definir cómo se designan las áreas protegidas y cómo se reparten los beneficios de los recursos genéticos. Será necesario elaborar mecanismos de financiación para apoyar a los países en desarrollo en la adopción de las obligaciones. Organizaciones ambientalistas subrayan la importancia de que las decisiones se tomen de manera inclusiva y basada en la ciencia para garantizar la salud de los océanos y la sostenibilidad de las industrias que dependen de ellos.
Implicaciones para la región
Varios países latinoamericanos, entre ellos Chile y Costa Rica, estuvieron entre los primeros signatarios del tratado y participan activamente en su desarrollo. La región podría beneficiarse del acceso a tecnologías marinas y de la protección de ecosistemas como el domo térmico frente a Centroamérica, el mar de los Sargazos y las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca. La entrada en vigor del pacto ofrece una oportunidad para que las naciones latinoamericanas lideren la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y fortalezcan su posición en las negociaciones internacionales sobre océanos.
El acuerdo permitirá crear áreas protegidas y evaluar impactos en aguas internacionales.
El desafío para los países de la región será contar con los recursos humanos y financieros necesarios para implementar el tratado y participar activamente en la elaboración de reglamentos. Además, deberán coordinar posiciones comunes en los foros multilaterales para defender sus intereses frente a actores con mayores capacidades. La cooperación Sur‑Sur puede ser una herramienta valiosa para compartir experiencias y desarrollar proyectos conjuntos que demuestren que la conservación marina es compatible con el desarrollo sostenible.
