El escrito de Espert busca cambiar el rumbo de la causa por lavado

El exdiputado José Luis Espert decidió no responder preguntas durante su indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos y optó por presentar un extenso escrito acompañado de documentación con la que busca desacreditar las acusaciones en su contra. Además, reclamó que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, reasuma la conducción de la investigación, actualmente delegada en el Ministerio Público Fiscal.

La presentación fue realizada luego de la citación judicial dispuesta a raíz de una transferencia de USD 200.000 recibida en una cuenta bancaria a nombre de Espert en los Estados Unidos. Según la investigación, el dinero provino de una empresa vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado por integrar una organización criminal transnacional.

Aunque decidió no prestar declaración en esta instancia, la defensa aclaró que no se trata de una negativa definitiva, sino del ejercicio de un derecho procesal mientras se resuelven planteos sobre la validez de la investigación. Los abogados adelantaron que Espert declarará más adelante.

Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde. pic.twitter.com/kk8ms83u2s

— José Luis Espert (@jlespert) July 7, 2026

La defensa: "No ha cometido delito alguno"

El eje central del escrito presentado por el abogado Claudio Lamela es que la transferencia cuestionada tuvo origen en una contratación profesional lícita y debidamente documentada.

Para respaldar esa versión, la defensa incorporó un contrato de prestación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala entre Espert y Machado, en representación de la empresa minera Minas del Pueblo SA.

Además, acompañó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de ese año que, según sostiene, acreditan la negociación, ejecución y cumplimiento del acuerdo comercial.

"La transferencia cuestionada corresponde a una contratación profesional real, documentada y anterior a los hechos investigados", sostuvo la defensa, que afirmó además que Espert "no ha cometido delito alguno".

Los abogados señalaron que la autenticidad de esos correos fue respaldada mediante certificaciones notariales, pericias informáticas y mecanismos de verificación técnica, y solicitaron que sean incorporados formalmente al expediente.

Cuestionamientos a la investigación

El escrito también cuestiona el desarrollo de la pesquisa judicial. Según la defensa, los hechos investigados ya habían sido analizados en una causa iniciada en 2021 ante otro juzgado federal, por lo que advirtió sobre el riesgo de que un mismo episodio sea investigado en expedientes distintos.

Asimismo, criticó la amplitud de las medidas de prueba impulsadas por la fiscalía, al sostener que durante más de seis años se relevaron comunicaciones telefónicas, datos de geolocalización y movimientos patrimoniales de personas que ni siquiera forman parte del expediente.

Por ese motivo, solicitó que el juez Mirabelli reasuma personalmente la conducción de la investigación y deje de estar delegada en el Ministerio Público Fiscal.

Denuncias por filtraciones

Otro de los planteos formulados por la defensa apunta a presuntas filtraciones de información protegida por el secreto de sumario. Según el escrito, se recopilaron alrededor de cien publicaciones periodísticas que reprodujeron actuaciones reservadas mientras la investigación permanecía bajo confidencialidad.

Los abogados aclararon que sus cuestionamientos no están dirigidos a los medios de comunicación, sino a los funcionarios que tenían la obligación legal de preservar el secreto de la causa.

Finalmente, insistieron en que no buscan frenar la investigación, sino que reclaman que continúe con mayores garantías procesales y bajo la supervisión directa del magistrado, mientras Espert prepara una futura declaración indagatoria.