Un violento motín en una prisión de Sri Lanka dejó al menos 26 muertos, entre ellos siete funcionarios penitenciarios, y más de un centenar de heridos. El enfrentamiento ocurrió en la cárcel de Negombo, al norte de la capital, Colombo, y las primeras investigaciones indican que el detonante fue una disputa entre grupos de internos vinculada al ingreso de drogas al penal.
Según explicó el ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, el conflicto comenzó cuando algunos presos informaron a las autoridades sobre un intento de contrabando de estupefacientes. Esa denuncia provocó la reacción de otro grupo que, presuntamente, colaboraba con esa red dentro de la cárcel.
Cuando los guardias intentaron controlar la situación, la violencia se desató. Los reclusos atacaron al personal con ladrillos, barras y otros objetos contundentes, mientras que los funcionarios respondieron con disparos alegando legítima defensa. Las autoridades investigan cómo algunos internos consiguieron armas y de qué manera lograron inutilizar parte del sistema de cámaras de seguridad.
Más allá del enfrentamiento, el episodio volvió a poner el foco sobre un problema que lleva años afectando a Sri Lanka: el colapso de sus cárceles.
La prisión de Negombo fue construida para albergar a unas 650 personas, pero actualmente alojaba cerca de 2.400 internos, casi cuatro veces más de su capacidad. Esa sobrepoblación dificulta el control de los pabellones, favorece el crecimiento de bandas organizadas y convierte cualquier conflicto en un episodio de alto riesgo.
Tras recuperar el control del establecimiento, el Servicio Penitenciario trasladó a 734 presos a otras cárceles para intentar reducir el hacinamiento.

No es la primera vez que una cárcel de Sri Lanka es escenario de una tragedia. En 2012, un motín en una prisión de Colombo dejó 27 muertos durante un operativo antidrogas, mientras que en 2020 otra revuelta en la cárcel de Mahara terminó con 11 internos fallecidos en medio de protestas por las condiciones de detención durante la pandemia.
Organizaciones que monitorean la situación penitenciaria denuncian desde hace años que las cárceles del país enfrentan problemas estructurales como hacinamiento extremo, falta de personal, infraestructura deteriorada y la presencia de redes de narcotráfico dentro de los establecimientos.
Mientras militares y fuerzas especiales continúan custodiando el perímetro de la prisión, las autoridades buscan reconstruir cómo se desarrolló el motín y determinar responsabilidades.
El Gobierno también deberá responder a un interrogante que quedó instalado tras la tragedia: cómo un penal con severos problemas de sobrepoblación permitió que grupos de internos organizaran redes de contrabando, inutilizaran cámaras de vigilancia y protagonizaran uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del sistema penitenciario del país.